La PMcM recordó que España deberá adaptar su ordenamiento jurídico a la directiva europea de armonización en materia de insolvencia antes del 22 de enero de 2029 e insistió en que una política concursal eficaz no debe limitarse a ordenar la reestructuración o liquidación de las compañías cuando el problema ya se ha producido.

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, subrayó que la insolvencia “no comienza necesariamente el día en que una empresa solicita el concurso de acreedores”, sino meses antes, “cuando deja de cobrar sus facturas en plazo, pierde liquidez y se ve obligada a financiar una activad que ya ha realizado”.

Los datos de la PMcM correspondientes a 2025 reflejan que el plazo medio de pago del sector privado se situó en 67 días, tres más que en 2024 y por encima del máximo legal de 60 días. El 67% de los encuestados identificó a las grandes empresas como el tipo de cliente que más tarda en pagar y solo el 15% afirmó que sus clientes de mayor tamaño abonan las facturas dentro del plazo permitido por la ley.

Cañete admitió que “Europa está mejorando los mecanismos para gestionar las insolvencias”, si bien resulta necesario “actuar también sobre las circunstancias que pueden provocarlas”.

“La mejor reforma concursal es evitar que una empresa viable tenga que acudir al concurso por culpa de los retrasos en los pagos”, zanjó.

FALTA DE LIQUIDEZ

La Plataforma también advirtió de que cada factura pagada fuera de plazo incrementa el riesgo de tensión de tesorería, sobre todo entre pymes y autónomos, ya que cuentan con menor capacidad financiera para soportar demoras prolongadas.

Esta situación puede obligarlos a recurrir al crédito para cubrir gastos, pagar nóminas, mantener su actividad o atender sus propias obligaciones con proveedores y administraciones.

La morosidad no afecta solo a quien la sufre, sino “a todos los proveedores de la cadena” y termina generando “un efecto cascada en la economía”, según Cañete. La PMcM aludió al Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, que concluyó que el 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde.

Para la PMcM, esto evidencia que la cultura del pago tardío se ha extendido en Europa y especialmente en los países con mayores desequilibrios en la cadena de pagos, como es el caso de España.

El informe de la PMcM recogió que el 71% de las empresas consultadas recurriría en primer lugar a financiación externa. Además, el 60% declaró tener contratos o acuerdos comerciales en los que sus clientes les exigen plazos de pago superiores a los 60 días permitidos, mientras que un 33% afirmó verse obligado a aceptar cláusulas abusivas relacionadas con los plazos, los intereses de demora o los costes de cobro.

Por otro lado, el 89% de los encuestados dijo que nunca o casi nunca reclama los intereses de demora. Un 94% no exige la indemnización legal de los 40 euros por costes de recobro.

“No tiene sentido reforzar los mecanismos para gestionar las quiebras mientras se tolera que miles de pymes y autónomos financien involuntariamente a sus clientes mediante pagos fuera de plazo. Cuando una empresa tiene que pedir financiación para compensar una factura que debería haber cobrado, quien cumple termina asumiendo el coste financiero de quien incumple”, subrayó Cañete.

Por ello, la PMcM reclamó el futuro Reglamento europeo contra la morosidad, que continúa en proceso en el Consejo Europeo, e insistió en que es necesaria “la implantación de un régimen sancionador efectivo, acompañado de mecanismos reales de vigilancia y control que impidan imponer plazos y cláusulas contrarios a la normativa”.

La Plataforma pidió que, de forma paralela a la nueva adaptación de la normativa concursal, se refuercen y coordinen los mecanismos ya existentes contra la morosidad, se garantice su aplicación efectiva y se vinculen a una política de prevención temprana de las dificultades financieras, para evitar así que los problemas de liquidez deriven en insolvencia.

CONSULTA PÚBLICA

La PMcM recordó que la Comisión Europea tiene abierta hasta el 4 de septiembre de 2026 una consulta pública sobre las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de empresas no financieras en dificultades.

La Plataforma explicó que esta revisión refuerza la necesidad de actuar antes de que los problemas de liquidez obliguen a una empresa viable a recurrir a una reestructuración o a medidas de apoyo.

Cañete defendió que los instrumentos de rescate y reestructuración “pueden ser necesarios cuando una empresa ya atraviesa dificultades”, pero reivindicó que la prioridad sea “evitar que llegue a esa situación por no cobrar sus facturas en plazo”.