Así lo reivindicaron durante su intervención en el diálogo 'Los derechos de las personas mayores: hacia una convención de la ONU', en el que también participó la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba en la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Fernández aseveró que se trata de una ley que España “debería tener” y que podría nacer al amparo y de la “mano” de esta convención y puntualizó que dicha norma “debería dejar meridianamente claro que no puede haber ninguna discriminación para el acceso a la salud y a bienes y servicios y para una correcta protección económica a las personas mayores”.

Con respecto al artículo 50 del texto constitucional, afirmó que “no se ajusta” del todo al “cambio de mentalidad que intentamos dar ahora a las normas” para que, en relación con la concepción de las personas mayores, consagren el “paso de lo asistencial y pasivo a lo que es activo, participativo y con un enfoque absolutamente distinto de unos ciudadanos que siguen viviendo en sociedad y que no se jubilan de sus derechos”.

En ese sentido, reconoció que la terminología utilizada en dicho artículo es “tan de los años 70 que no tiene nada que ver con la manera de hablar ahora”. "Y, sobre todo, por lo que encierra de pasividad, de asistencialismo”, apostilló, al tiempo que hizo referencia también a la mención que hace el articulado constitucional a la necesidad de contar con un “sistema de ingresos suficiente”.

PENSIONES

“Estaría muy bien que fuera sistema público de pensiones; es muy importante, porque no es lo mismo tener un sistema de término genérico privado que tener un sistema público”, abundó, convencido de que la redacción del artículo “ahora mismo no resistiría ningún filtro de los que queremos introducir en las normas, sea convención mundial u, ojalá, una ley nacional”.

En la misma línea, Martínez recordó que HelpAge lleva “ya reivindicando desde hace diez años” dicha ley integral y avanzó que “próximamente”, va a presentar un anteproyecto a todos los grupos políticos y la “compartirá” con todas las entidades de mayores, con las que aspira a “ir avanzando en esa línea”.

Asimismo, subrayó que la organización ya ha planteado la necesidad de reformar el artículo 50 de la Constitución, que, señaló, “es el único artículo que hace referencia a las personas mayores”. “Es un artículo que se queda muy corto para la cantidad de mandatos constitucionales que deberíamos de tener en relación a la protección de los derechos de las personas mayores”, manifestó, convencida de que “también es un deber que pelear en los próximos años”.

En relación al artículo 50 de la Carta Magna, Barranco incidió en que, según su redacción, son las familias de las personas mayores las que tienen la “obligación de facilitar su bienestar” en el plano económico.

Por último, valoró que, “afortunadamente”, la Ley de Igualdad de Trato denuncia la discriminación por razón de edad, si bien hasta ahora “las desventajas de las personas mayores no se visibilizaban como discriminaciones”.

Por todo ello, estimó que, “probablemente”, una ley integral, “si no se puede modificar la Constitución, igual permitiría solventar estos problemas”.