La organización subrayó que el incremento de episodios severos como las olas de calor, las inundaciones o los incendios forestales exige una respuesta basada en la cooperación, la anticipación y la coordinación entre administraciones y agentes sociales, alejada de la confrontación y orientada a garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Por otro lado, la PMP recordó que los eventos meteorológicos extremos no afectan por igual a toda la población. Las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, presentan situaciones de dependencia o discapacidad, padecen enfermedades crónicas o residen en entornos con menor acceso a recursos y servicios, afrontan mayores riesgos ante este tipo de emergencias.

Asimismo, advirtió de que los graves incendios registrados en distintos puntos del país durante las últimas semanas vuelven a poner de manifiesto la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y garantizar que los protocolos de alerta, evacuación y asistencia contemplen las necesidades específicas de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

La organización también alertó de la dimensión sanitaria que tienen los fenómenos climáticos extremos y de su impacto especialmente grave entre las personas mayores. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, durante el verano de 2025 se estimaron 3.832 defunciones atribuibles a las altas temperaturas en España, de las que cerca del 84% correspondieron a personas mayores de 74 años.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que la mortalidad relacionada con el calor entre las personas mayores de 65 años ha aumentado aproximadamente un 85% entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021.

Para la PMP, estas cifras ponen de manifiesto que las olas de calor no constituyen únicamente un problema ambiental, sino también un importante desafío de salud pública que requiere reforzar las políticas de prevención, anticipación y protección de la población más vulnerable. El envejecimiento, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y las situaciones de dependencia o discapacidad pueden incrementar la vulnerabilidad ante las temperaturas extremas, mientras que vivir solo o contar con redes de apoyo limitadas puede dificultar la detección temprana de situaciones de riesgo y el acceso a ayuda.

La PMP consideró imprescindible que las políticas de adaptación al cambio climático incorporen una perspectiva específica de edad, discapacidad y dependencia, mediante sistemas de alerta accesibles, mecanismos de seguimiento de las personas especialmente vulnerables y una coordinación eficaz entre los servicios sanitarios, sociales y de emergencia.

Asimismo, defendió que la protección frente a estos fenómenos contemple no solo la reducción de la mortalidad, sino también la prevención del aislamiento, la interrupción de cuidados y el agravamiento de problemas de salud, a través del refuerzo de las redes comunitarias y de apoyo que protegen a las personas mayores antes, durante y después de una emergencia.

Por todo ello, la Plataforma recalcó la importancia de avanzar hacia sistemas de emergencia verdaderamente inclusivos y accesibles. Como ejemplo, destaca la reciente aprobación del ‘Protocolo de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia’, impulsado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA). Este documento incorpora criterios de accesibilidad y atención a las personas con discapacidad en todas las fases de una emergencia, desde la comunicación de las alertas hasta la evacuación y la atención posterior.

Según informaron, para la PMP, este tipo de iniciativas evidencian que la protección efectiva de la población más vulnerable requiere planificación, coordinación entre administraciones y una visión transversal que integre las necesidades de las personas mayores y de las personas con discapacidad en todas las políticas de adaptación y respuesta frente a los riesgos climáticos.

En este marco, la Plataforma valoró la puesta en marcha de la Red de Refugios Climáticos, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que permite identificar espacios seguros y accesibles distribuidos por todo el territorio para hacer frente a episodios de calor extremo y otras crisis climáticas mediante un mapa de consulta pública.

Además, consideró que esta red debe concebirse no solo como un conjunto de espacios de protección ante el clima extremo, sino también como lugares accesibles de encuentro, participación y vida comunitaria que favorezcan la convivencia intergeneracional, fortalezcan las redes de apoyo vecinal y contribuyan a combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores.

La organización reclamó una atención específica a las zonas rurales y despobladas, donde las personas mayores representan una parte muy significativa de la población y donde fenómenos como los incendios forestales pueden tener consecuencias especialmente graves debido a la dispersión territorial y a la limitada disponibilidad de recursos.

Por último, la PMP insistió en que cualquier estrategia para afrontar los efectos de la emergencia climática debe incorporar la voz y la experiencia de las organizaciones representativas de las personas mayores y de las personas con discapacidad, garantizando que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales de quienes afrontan una mayor exposición a estos fenómenos.

El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, aseguró que los fenómenos climáticos extremos "exigen altura de miras y capacidad de acuerdo" y defendió la necesidad de "dejar atrás la confrontación y construir un gran consenso que permita reforzar la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia, poniendo en el centro a las personas mayores y con discapacidad, especialmente a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".