En este sentido, el presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, el doctor José Manuel Freire, manifestó que la salud mental “supone una enorme carga de enfermedad y también económica” para un país y, para aliviarla, deben emprenderse políticas públicas cuyo objetivo sea el bienestar de las personas, los hogares y las familias, dado que “una sociedad con bienestar, sin pobreza ni desigualdades es una sociedad más sana y feliz”.

Al mismo tiempo, la PMP agregó que esa mayor dotación de recursos debe destinarse también a la atención de las personas mayores y con discapacidad más vulnerables, que precisan de una asistencia a largo plazo debido a que están más expuestas a factores de riesgo como la dependencia, la fragilidad, el dolor crónico, la muerte de un ser querido o el descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación, entre otros. Todos estos factores pueden ocasionar, pérdida de la independencia, soledad no deseada y angustia.

En definitiva, la PMP recalcó que la salud mental de la población infantojuvenil y de la población mayor depende de acciones políticas que potencien estrategias dirigidas al bienestar emocional, a la detección precoz de los trastornos y a la creación y mantenimiento de los recursos asistenciales comunitarios necesarios y con dotación suficiente de profesionales. Solo así se podrán abordar mejor los problemas de salud mental desde la infancia y lograr una sociedad más justa y saludable para todas las edades.