La PMP advirtió de que el retraso en la puesta en marcha de este organismo supone “una preocupación grave” para miles de personas mayores, que continúan enfrentándose a productos financieros complejos, a trámites de reclamación difíciles y a prácticas comerciales cada vez más sofisticadas en un contexto de acelerada digitalización.

La entidad destacó la necesidad de reforzar la protección del colectivo sénior, así como de mantener canales de atención accesibles, tanto presenciales como telefónicos, evitando la sustitución total por sistemas digitales que muchas personas no pueden utilizar en igualdad de condiciones.

La Plataforma recordó también el peso económico de la población sénior, que concentra el 39,3% del consumo total, aporta el 42,7% de la recaudación fiscal y transfiere cada año cerca de 27.000 millones de euros para apoyar a generaciones más jóvenes.

Entre las prioridades planteadas, además de acelerar la puesta en marcha de la mencionada Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la PMP insistió en mejorar la transparencia de la información contractual, con programas específicos dirigidos a prevenir fraudes, abusos y malas prácticas comerciales; reforzar la educación financiera y en consumo; garantizar la accesibilidad universal en los servicios de atención; y adaptar las políticas públicas de consumo a las necesidades específicas de las personas mayores, con y sin discapacidad.

La Plataforma subrayó igualmente que “la innovación y los nuevos modelos de prestación de servicios no deben generar nuevas formas de discriminación, sino contribuir a un entorno de consumo más seguro, claro y accesible para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.