Hernando, que también preside el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se resiste a acudir a la Comisión de Justicia para informar de la aplicación de la ley en relación al cumplimiento de penas y la redención de los presos etarras.

Uría considera que de no comparecer en la Cámara Baja se confirmaría el "distanciamiento" institucional entre el Congreso y el órgano de gobierno de los jueces, que ya quedó explicitado en la última comparecencia de Hernando en el Congreso.

A su juicio, el presidente del CGPJ "no puede ampararse en la separación de poderes" para justificar su ausencia porque "él no es el Poder Judicial, es el presidente de un órgano de gobierno" que tiene obligación de colaborar con la institución que representa a los ciudadanos.

Por ello, le pidió que "no disculpe" su incomparecencia en la recomendación del Tribunal Supremo, sobre todo, porque los casos de los que se le podría solicitar información sólo son recurribles ante el Tribunal Constitucional, que no es de su jurisdicción.

En caso de que se negara a acudir al Parlamento el próximo día 7, Uría sugiere que se reformule la petición de comparecencia para hacerla en términos más generales.

No obstante, Uría consideró incongruente la postura de Hernando, que se niega a hablar de casos concretos cuando "nos tiene acostumbrados a hacer declaraciones políticas que no debiera hacer", por ejemplo sobre el Plan Ibarretxe.