El PNV entiende necesaria la reunión del pacto "para analizar las peticiones político-judiciales adoptadas por distintas instancias, que afectan directamente al acuerdo de normalización y pacificación".

En su opinión, la liberación del general Galindo y la no desclasificación de los documentos del Cesid afectan al punto sexto del Acuerdo de Ajuria Enea, en el que todos los partidos polítcos democráticos se comprometen "a velar por que la necesaria defensa del Estado de derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto de la legalidad y de los derechos humanos en general".

Según el PNV, los partidos firmantes están legitimados para "denunciar con la misma convicción con que condenamos toda violencia, los casos en los que pueda haber violaciones de dicho principio".