Lo hizo en un acto en el que su director ejecutivo, José María Vera, aseveró que “la infancia no vota, pero tiene que formar parte del debate electoral”, por lo que “los programas electorales tienen que contemplar medidas y políticas públicas que den respuesta a los problemas que afectan a los niños y niñas en España”.

Por ello, la organización ha trasladado a todos los partidos políticos que concurren a las elecciones las propuestas necesarias para que los programas electorales tengan presente a la infancia e incluyan medidas para mejorar la situación y garantizar los derechos de los chavales.

José María Vera desgranó algunas de las propuestas ofrecidas por Unicef, como la puesta en marcha de la nueva Estrategia Nacional de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, habilitar el sufragio a partir de los 16 años en las elecciones municipales, promover la participación infantil o incrementar el gasto público en protección social a la infancia hasta el 2,5% del PIB de la media europea.

Del mismo modo, la organización de la ONU de protección de la infancia aboga por ampliar la deducción fiscal reembolsable por hijo menor de 18 años, garantizar el acceso a una vivienda adecuada y dotar de la financiación adecuada a la Garantía Infantil Europea.

En materia de violencia contra la infancia, la organización busca acabar con la tolerancia contra esta lacra y auspiciar “entornos seguros y protectores”, lo que supone “modificar o adoptar políticas internas de administraciones y entidades” o “garantizar el buen establecimiento de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en los centros educativos”.

También plantea impulsar una Estrategia Nacional para la Protección Integral e Inclusión Sociales de los menores migrantes no acompañados, reformar el procedimiento de determinación de la edad, reforzar las políticas de asilo o garantizar que la futura ley contra la trata de personas contemple la especial vulnerabilidad de las víctimas infantiles.

Del mismo modo, propone modificar el actual sistema de protección y acogimiento impulsando el acogimiento familiar, promoviendo la coordinación con los sistemas educativo, sanitario o de deporte y ocio, o aumentando los recursos especializados.

A su vez, considera pertinente crear nuevos o actualizar los protocolos y normativas existentes para proteger los derechos de la infancia en el ámbito digital, y fomentar la participación infantil en esta materia.

En materia de salud mental, Unicef reclama “implementar de manera efectiva” la Estrategia de Salud Mental, reforzar el papel de la Atención Primaria, garantizar la dotación de recursos especializados en infancia y adolescencia y promover “programas de parentalidad positiva”.

Por otro lado, la organización pide un pacto de Estado por la educación y defiende la garantía de acceso universal a la enseñanza ‘online’, convertir la educación entre 0 y 3 años en universal y hacerla “especialmente accesible” para la infancia más vulnerables, reforzar la figura del Coordinador de Bienestar en los centros educativos y asegurar los recursos.

Por último, Unicef pide “analizar las necesidades de competencias digitales básicas que protejan, eduquen y favorezcan el uso crítico, responsable, paulatino y equilibrado de la tecnología; y que promuevan el aprovechamiento de la tecnología en la educación, las relaciones y la formación para su futuro profesional”.

También conmina a tener en cuenta y adoptarse medidas concretas que faciliten la inclusión de los grupos más vulnerables, y que les integren y protejan de los riesgos dimanantes del “uso problemático” de Internet.