Además, en esta última materia, la vivienda, la candidatura que lidera Miguel Ángel Llamas promete una aplicación íntegra de la Ley de Vivienda en la región, limitar al 30% la cantidad de ingresos que tiene que destinar una familia a este menester, crear una empresa pública en el sector, destinar a vivienda pública un 20% del parque total y un 30% de las nuevas promociones, impuesto a las viviendas vacías y prohibición de pisos turísticos.

En sanidad, dentro del 9% de presupuesto un 25% se dedicaría a Atención Primaria para que la espera de consulta se redujera a menos de 48 horas; se recuperarían para lo público los servicios externalizados, se reabrirían los consultorios y centros de urgencias rurales cerrados, se extendería la gratuidad sanitaria a la salud bucodental y visual, se implementaría un plan de salud mental reforzado con unidades para menores y se eliminarían las guardias de más de 17 horas.

Dentro de la parcela de educación, Podemos establecería ratios de un máximo de 15 alumnos por clase en Primaria y 20 en Secundaria, rebajaría las horas lectivas también a 15 y 20 respectivamente, reforzaría la escuela rural, reduciría progresivamente los conciertos educativos, implantaría comedores públicos con cocina propia y enfermería en todos los colegios y avanzaría progresivamente hacia la gratuidad en la universidad pública.

Por lo que respecta a los servicios sociales, la candidatura liderada por Llamas promete ampliar sus plantillas un 23,3%, eliminar el copago de dependencia a las clases trabajadoras, aprobar una ley de derecho a los cuidados, remunicipalizar progresivamente la ayuda a domicilio e incrementar un 90% el número de plazas públicas residenciales.

Podemos también dedica un apartado específico de su programa a feminismo y antirracismo. En el, se compromete a crear una Consejería de Igualdad en la Junta, a aprobar una ley Lgtbi, a la gratuidad de los productos menstruales, a garantizar el derecho al aborto en todos los hospitales públicos y a poner en marcha protocolos antirracistas en toda la administración.

Ya fuera de temas sociales, en economía y mundo rural, esta coalición propone, en línea con lo que está promoviendo su Ejecutiva estatal, una red pública de supermercados y empresas públicas en sectores como la energía, el transporte y la banca. Además, anuncia una moratoria a la construcción de nuevas macrogranjas, y una renta básica para jóvenes agricultores cuantificada en el montante del SMI y que duraría dos años.