La proposición, que se registró propiamente ayer pero se divulgó hoy, comienza con un artículo por el que "España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional" y "no participará, directa ni indirectamente, en operaciones militares que no cuenten con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas". A continuación, la iniciativa sanciona la salida de España de la OTAN en el plazo de un año y el final de la cooperación militar con Estados Unidos, con el cierre de las bases de Rota y Morón de la Frontera.

Después, el texto pasa a desgranar las medidas de escudo social en vivienda, energía, alimentación y farmacia, muchas de ellas conocidas ya, y que en principio tendrían un plazo de un año prorrogable. Por ejemplo, en vivienda incluye la reducción por ley del 40% de los contratos de alquiler y la suspensión de desahucios y cortes de suministros con compensaciones a los propietarios.

En energía se incluye el cheque energético de 300 euros, la ampliación del bono eléctrico, un IVA del 5% a la electricidad, y la nacionalización de Repsol para convertirla en empresa pública de energía y su abandono de todas sus instalaciones en otros países.

ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

En alimentación, también se crearía una Distribuidora Pública de Alimentos y se limitaría al 2% el margen de beneficios a los supermercados privados. El transporte público también sería gratuito durante un año, con aportación en un 80% del Estado y el 20% restante de comunidades y ayuntamientos. El plan también contempla la obligatoriedad de que los municipios donde aportara el Estado tuvieran una zona de bajas emisiones operativa. Finalmente, en farmacia, se modificaría el copago para fijar un tope de 60 euros al mes a las pensiones más altas y extender el número de colectivos exentos.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, justificó en rueda de prensa la presentación del plan señalando que "las consecuencias de estas intervenciones militares por petróleo y por dinero que está lanzando Estados Unidos por todo el mundo nunca las pagan quienes ordenan esas guerras desde sus lujosos despachos". Por ello, consideró que hace falta un plan que "nos permita proteger y poner a cubierto a la gente en estos momentos tan difíciles"; mucho más cuando "ya antes de esta guerra ilegal la gente estaba al límite" con el precio de la vivienda y la cesta de la compra.

Belarra aseguró que "la legislación sobre comercio que en este momento está vigente en nuestro país, desde nuestra interpretación, ya permite poner en marcha un cierto control de precios sobre determinados sectores cuando nos encontramos ante situaciones críticas". Y, sobre la nacionalización de la energía y la distribución de alimentos, se preguntó qué sentido tiene dejar estos sectores "en manos de grandes empresas multinacionales que se hacen de oro" y "a las que les interesan estas guerras", de forma que éstas se convierten en un objetivo económico.

Al margen de esta iniciativa, y preguntada por cómo debe aprobar el Gobierno el escudo social después de que el PP, Vox y Junts hayan tumbado dos veces el decreto, la líder de Podemos se mostró partidaria de "aprobar el decreto mes a mes si es necesario" o "hacer lo que sea necesario para proteger a la gente". Pero terminó volviendo a su mensaje e interpretando que "la gente ahí fuera está pidiendo claramente un plan anti-Trump que permita traducir en cosas concretas, no solo en palabras bonitas, lo que lo que es el 'no a la guerra'".