Según informó la Policía este viernes, las mujeres también eran forzadas a realizar servicios a domicilio y sin protección, sin la posibilidad de rechazar clientes. Estas eran obligadas a estar disponibles de forma permanente y su actividad estaba controlada “en todo momento”. La operación culminó con 16 personas detenidas, incluida la principal responsable del entramado, que ingresó en prisión provisional. Asimismo, se procedió a la clausura de once prostíbulos.

La investigación se inició con la detección en Zaragoza de un piso donde mujeres de nacionalidad china ejercían la prostitución. A raíz de este hecho, las pesquisas policiales abiertas permitieron establecer la existencia de una organización criminal de origen chino asentada en varias provincias españolas que disponía de numerosos prostíbulos donde forzaban a mujeres de origen chino y latinoamericano a ejercer la prostitución.

CAPTADAS COMO MASAJISTAS O ESTILISTAS

Las víctimas eran captadas mediante anuncios en redes sociales y a través de aplicaciones chinas de mensajería instantánea, donde la organización criminal ofertaba empleos como masajistas y estilistas en España. Las mujeres, en estado de necesidad económica y en ocasiones en situación irregular en el país, aceptaban las propuestas laborales desconociendo la verdadera naturaleza de la actividad que iban a desempeñar.

La red criminal alojaba a las víctimas en prostíbulos, donde las sometían a un “régimen de esclavitud” en el que debían ejercer la prostitución durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en largas jornadas sin descanso y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente. Además, eran permanentemente vigiladas a través de cámaras de videovigilancia y obligadas a realizar servicios sexuales a domicilio e incluso sin preservativo. Todas las ganancias generadas debían ser entregadas íntegramente al entramado, recibiendo solo el 50% de los beneficios restantes una vez se consideraba que la deuda contraída inicialmente había sido saldada.

DOCUMENTACION FALSA

Según detalló la Policía, para facilitar su entrada en España, las víctimas captadas en sus países de origen recibían documentación falsa proporcionada por la organización, y una vez llegadas, les suministraban tarjetas de residencia y trabajo de mujeres en situación regular en el país con el fin de suplantar sus identidades en caso de inspecciones en los prostíbulos o identificaciones policiales.

Los explotadores gestionaban al menos once prostíbulos en las ciudades de Madrid, Valencia, Tarragona, Barcelona y Zaragoza, algunos de ellos controlados juntamente con otros socios, entre los cuales las víctimas eran “rotadas de manera constante” para maximizar los beneficios.

Otra de las actividades desarrolladas por el entramado consistía en crear prostíbulos clandestinos desde cero. Para ello, alquilaban locales o pisos que gestionaban hasta consolidar una importante red de clientes, momento en el que traspasaban el negocio a otros gestores a cambio de grandes sumas de dinero.

La investigación culminó con la liberación de 26 víctimas de explotación sexual, la detención de 16 personas y la clausura de 11 prostíbulos. En los registros realizados, los agentes incautaron 35.000 euros en efectivo, varias armas prohibidas tipo katana, diversas sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, 24 terminales móviles, dos pasaportes falsos y abundante documentación relativa a la actividad delictiva llevada a cabo por esta organización criminal.

Además, la investigación permitió detectar un "sistema estructurado de ocultación y dispersión de fondos" destinado a integrar los beneficios obtenidos ilícitamente en el circuito económico legal. Como resultado de la investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera por presunto delito de blanqueo de capitales, la autoridad judicial acordó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y la intervención de ocho cuentas bancarias.