Tal y como detalló este miércoles la Policía Nacional, la investigación se inició en diciembre al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Las investigaciones policiales permitieron averiguar que los principales responsables de la organización utilizaban una página web en la que, además de publicar fotos de las mujeres y los servicios sexuales que las obligaban a ofrecer, facilitaban un contacto para concertar entrevistas personales. En ellas, los miembros de la organización ofrecían un contrato ficticio, que en la mayoría de las ocasiones era firmado sin que la víctimas fueran conocedoras de su contenido, "incrementando exponencialmente su situación de vulnerabilidad". Asimismo, explicaron que en los contratos se incluían "cláusulas de cesión de imágenes, así como de exclusividad para el ejercicio de la prostitución en la vivienda designada por la organización".

Entre los clientes que acudían a dicho domicilio se encontraban menores de edad y las mujeres se veían obligadas a atenderles, a pesar del conocimiento por parte de la organización criminal de este extremo.

Para avisar y obligar a las mujeres a presentarse ante los clientes, la organización utilizaba un timbre que hacía los efectos de alarma para que abandonaran todo lo que estuviesen haciendo, por lo que los agentes descubrieron que las obligaban a prestar sus servicios sexuales las 24 horas del día, sin posibilidad de descanso a lo largo de toda su jornada, pudiendo reposar solamente un día por semana.

Además, la organización criminal establecía turnos de encargadas (dos mujeres en turnos de 12 horas), que cubrían tanto la mañana como la noche. Estas gestionaban las llamadas, las citas, la venta de drogas a los clientes y el cobro de los servicios que podía llevarse a cabo en efectivo, con tarjeta o a través de aplicaciones informáticas.

Junto a esto, no podían negarse a ninguna práctica sexual, las cuales debían prestar también fuera de la vivienda, "portando sustancias estupefacientes para los clientes que previamente las habían encargado". Algunas de las mujeres no habían podido salir de la vivienda al exterior desde su llegada, siendo retirada y escondida toda su documentación por parte de uno de los cabecillas de la organización.

La vivienda en la que residían estaba ubicada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y contaba con tres plantas. Tanto la superior como la baja eran utilizadas para la práctica de los servicios sexuales y las víctimas solo podían ocupar dos pequeñas habitaciones localizadas en el sótano, donde había dos pequeñas habitaciones con literas en las que dormían. Estas carecían de ventilación y solo había dos pequeñas ventanas en la parte alta bloqueadas por rejas para evitar que escaparan.

Por todos estos hechos, el pasado mes de febrero se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde los agentes intervinieron 2.000 euros, teléfonos móviles, diversa documentación y cocaína. Además, se llevó a cabo la detención de seis personas (un hombre y cinco mujeres) como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, contra la salud pública y corrupción de menores, decretándose el ingreso en prisión para dos de los principales responsables de la red.