Así lo confirmó este viernes el Cuerpo en un comunicado, en el que señala que esta adquisición forma parte del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar del Ministerio del Interior, que para este año cuenta con 38,2 millones, de los que 19,4 son, entre otros, para la adquisición de medios materiales.

Según detalla la Policía, cada uno de los vehículos ha sido transformado para principalmente dotarles de más seguridad y garantizar la protección de los agentes, pues cada vez se registran más incidentes con las redes del narcotráfico en la zona, que no dudan incluso en disparar contra los efectivos policiales.

Así, los coches cuentan con mampara de separación con protección balística entre el habitáculo de detenidos y el resto del vehículo, blindaje de elementos estructurales, sistema de grabación interior del habitáculo de detenidos y cámara frontal orientada a la captación de imágenes de la vía y el entorno durante la prestación del servicio. Además de luz auxiliar ultravioleta para la detección de documentos falsos mediante la verificación de sus medidas de seguridad en el propio vehículo, sin necesidad de trasladar al ciudadano a dependencias policiales.

Así, la Policía destaca que todos estos elementos convierten a estos vehículos en "unidades especialmente versátiles, capaces de dar respuesta tanto a situaciones de orden público como a controles documentales en el propio terreno". El propio director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, pudo conocer de primera mano estos nuevos coches patrulla y sus complementos de seguridad. La inversión total asciende a 2.020.989,61 euros.

Asimismo, el Cuerpo detalla que los 53 vehículos se distribuirán entre las seis provincias andaluzas en las que se desarrolla el citado Plan Especial (Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla) conforme a "criterios operativos y a la necesidad territorial". Cabe destacar en este sentido que el último informe de Seguridad Nacional alertaba de que “la presión ejercida” contra el narcotráfico en el Golfo de Cádiz y la desembocadura del Guadalquivir ha provocado que las redes criminales hayan desplazado su “zona de influencia”, sobre todo al oeste, a la provincia de Huelva, río Guadiana y zona del Algarve (Portugal). Y en menor medida al este, al litoral que comprende desde las costas de Murcia a las de Gerona, incluso en las islas Baleares.