Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito, recogida por Servimedia, que el Gobierno remite al diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien el pasado día 26 de febrero solicitó al Ejecutivo información sobre este asunto. En concreto, el parlamentario de la formación abertzale quería conocer cuántas pistolas táser tiene en uso cada uno de los cuerpos policiales y cuántas intervenciones con estos dispositivos inmovilizantes se han producido en España en los últimos años, unos datos estos últimos que requería "desglosados por año, cuerpo policial y motivo".

Al mismo tiempo, también preguntó sobre las intervenciones en las que fue necesaria la asistencia médica tras el uso de estas pistolas eléctricas y si se había abierto algún tipo de expediente o sancionado a agentes por el "uso indebido" de las pistolas eléctricas en los últimos cinco años.

En su respuesta, fechada el pasado 17 de abril y publicada esta misma semana, el Ejecutivo detalla, en primer lugar, que la Policía Nacional cuenta con 3.000 de estos dispositivos eléctricos, mientras que en el caso del Instituto Armado la cifra es de 390. Tras esto, desglosa los datos de intervenciones con estas pistolas eléctricas, aunque únicamente los relativos a 2025 y a 2026. En este último año, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 19 de marzo.

Así, los efectivos de la Policía Nacional los utilizaron el pasado año en 139 ocasiones, de las que 129 fueron durante intervenciones policiales y otras diez contra detenidos en custodia. En el caso de los agentes del Instituto Armado, únicamente hicieron uso de estos sistemas en 25 ocasiones durante intervenciones.

Mientras, en lo que va de 2026, los policías han disparado sus pistolas eléctricas 27 veces, siembre durante intervenciones, mientras que los guardias civiles lo han hecho en ocho ocasiones, de las que dos fueron contra arrestados en custodia policial.

En cuanto a las atenciones sanitarias, el Ejecutivo hace hincapié en que "toda persona que haya recibido una carga" con la pistola eléctrica de incapacitación "debe ser examinada por personal facultativo en el centro de salud que corresponda", un hecho que, recalca, deberá ser adjuntado "a las diligencias instruidas", tal y como establece la norma técnica sobre el empleo de la Pistola Eléctrica de Incapacitación por personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detalla.

Por último, señala que "no se tiene constancia" de la apertura de ningún expediente o sanción por el uso indebido de estos dispositivos, aunque matiza que la tramitación de tales expedientes ha de realizarse "cuando finalizan las actuaciones judiciales que hubiera sobre dichos casos".