Tras el acuerdo alcanzado con los socios parlamentarios, la intención del Ejecutivo es aprobarla “con carácter inminente”, según dijo este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

La idea es que se apruebe el texto de la Ponencia acordado entre los grupos con la transacción de enmiendas, posteriormente se lleve a Comisión esta misma semana -jueves o viernes- y se eleve a Pleno la próxima -votación y previsible aprobación el jueves 27- para su remisión al Senado y que vea la luz verde definitivamente antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Se desbloqueará así una de las grandes leyes de la legislatura, que ha estado más de un año atascada en el trámite parlamentario por la falta de acuerdo del PSOE con sus socios para regular los alquileres, entre otras cuestiones.

Finalmente, la Ley de Vivienda introducirá un nuevo tope permanente que limitará el incremento anual que un propietario puede repercutir al inquilino en el momento de la revisión del contrato. Así, ahora se aplicará hasta final de año el límite del 2% en vigor, que fue aprobado el pasado diciembre como parte del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante “se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC”. Este nuevo índice será elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y afectará a todos los contratos.

Por otro lado, la ley incluye condiciones para regular los contratos de alquiler en zonas tensionadas que van más allá de la intención inicial del Ejecutivo. Así, los contratos de pequeños propietarios en zonas tensionadas, que en el texto inicial no estaban sujetos a ningún tipo de límite y a los que solo se ofrecían beneficios fiscales, estarán ahora obligados a referenciarse al contrato anterior.

Además, los nuevos contratos de pequeños propietarios también tendrán que referenciarse al índice de referencia para grandes tenedores en zonas tensionadas si así lo deciden las comunidades autónomas.

También se rebajan las condiciones para que una comunidad pueda declarar una zona como tensionada, se rebaja de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor y se obliga a los propietarios a pagar en exclusiva los honorarios de las inmobiliarias.