En un desayuno de trabajo con Servimedia, Pons explicó que las comisiones de investigación han puesto de relieve que lo que parecía una "frontera muy pacífica" entre el trabajo parlamentario y la esfera judicial ha mostrado algunos aspectos "borrosos o confusos".

Pons citó entre estos puntos de fricción la negativa judicial a que Manue de la Concha compareciera en la "comisión Rubio", la solicitud de los documentos de las comisiones de investigación para incorporarlos a los sumarios o las quejas de algunos comparecientes en las comisiones, en el sentido de que sus declaraciones han sido utilizadas de forma poco correcta y han resultado perjudicados en su posición ante determinados procesos judiciales.

"El deseo", subrayó el presidente del Congreso, "es que esas zonas que ahora pueden parecer borrosas se clarifiquen al máximo y no dn lugar a conflictos".

A su juicio, las alternativas son contar con una ley específica o bien establecer alguna modificación en la Ley del Tribunal Constitucional o en la de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de introducir algunas precisiones que eviten esas situaciones de duda.

El presidente de la Cámara Baja indicó que deben quedar bien especificadas cuáles son las atribuciones de un juez de instrucción en relación con una investigación parlamentaria, al igual que las de de una investigación prlamentaria sobre personas que están sometidas a un proceso criminal.

LA ULTIMA PALABRA

Añadió que de este modo se acabará con las discrepancias que motivaron al juez desautorizar la comparencia del ex síndico de la Bolsa de Madrid Manuel de la Concha ante la "comisión Rubio", por entender que no era conveniente para la investigación sumarial. "Lo que debe quedar resuelto de forma clara es quién tiene la última palabra para decidir eso", concluyó.

Pons admitió que hasta la fecha el balance que rroja el trabajo de las comisiones de investigación ha sido satisfactorio, porque han servido para canalizar los problemas desde la perspectiva política. "El ciudadano", señaló, "ha visto que el Parlamento se ha hecho cargo de la situación, tanto en el debate político como en la investigación de las responsabilidades políticas".

No obstante, advirtió que las Cortes no pueden convertirse en un juzgado de instrucción y que su misión no es ir hasta el último detalle, "sino poder llegar a hechos relevante que le permitan establecer responsabilidades políticas y sacar conclusiones sobre posibles medidas políticas a tomar".