A través de un comunicado, la POP recordó que ha sido "muy activa" en el desarrollo de esta norma con aportaciones y sugerencias al Ministerio de Sanidad, ya que considera "fundamental" que se cuente a partir de este momento con el "máximo respaldo posible" de los grupos parlamentarios, las administraciones y el conjunto de agentes implicados, de manera que pueda aprobarse "cuanto antes" y convertirse en una "herramienta útil para fortalecer la participación de los pacientes en las políticas sanitarias".

“Valoramos positivamente que la Ley de Organizaciones de Pacientes siga avanzando. Es una reivindicación histórica de la POP y sus entidades y confiamos en que su tramitación parlamentaria permita alcanzar un amplio consenso para que esta norma vea la luz lo antes posible”, dijo la presidenta de la POP, Carina Escobar.

El paso anunciado en el Palacio de la Moncloa por la ministra de Sanidad, Mónica García, abre una fase en el proceso para que la ley se haga realidad. Ahora debe iniciar la tramitación parlamentaria con su debate en las Cortes Generales, donde puede ser mejorada con aportaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado mediante enmiendas.

La POP subrayó que la futura ley estatal debe "reconocer la singularidad de las organizaciones de pacientes como interlocutoras legítimas, representativas e independientes, y garantizar que su participación no se limite a espacios consultivos o puntuales, sino que sea real, estructurada y con recursos suficientes".

A su juicio, incorporar la experiencia de los pacientes y sus asociaciones "mejora la calidad de las políticas públicas, ayuda a identificar necesidades no cubiertas y contribuye a un Sistema Nacional de Salud más justo, participativo y centrado en las personas". “Esta ley será útil si permite pasar del reconocimiento formal a una participación efectiva en las decisiones que afectan a la salud, los derechos y la calidad de vida de las personas con enfermedad crónica y sus familias”, añadió Escobar.

La POP reiteró su disposición a seguir trabajando de forma constructiva durante esta nueva fase, para que la futura ley refuerce la democracia sanitaria y consolide el papel de las organizaciones de pacientes en el Sistema Nacional de Salud.