La renuncia de Poyatos permitiría al Ejecutivo eludir su intervención directa en la crisis suscitada en la Audiencia Nacional a propósito del conocimiento de datos de Poyatos, que el propio fiscal general del Estado admitió ho desconocer.

Si se cumple lo previsto, la próxima semana se procedería a la apertura de un nuevo plazo para presentar candidaturas a las que podrían optar alrededor de un centenar de fiscales.