Este decreto, que tendrá un presupuesto adicional de 400 millones de euros, incluye medidas como una deducción del 15% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y una agilización la tramitación de ayudas para compras de vehículos eléctricos por debajo de 100.000 euros. La ministra recordó que ya se han movilizado 1.700 millones mediante los tres planes Moves y 2.700 en distintos programas para fomentar la adquisición de vehículos y la infraestructura. Asimismo, destacó otros planes como el Perte del Vehículos Eléctrico, financiado con 5.500 millones.

Esto, aclaró Aagesen, se está viendo respaldado por la ciudadanía, que durante los tres primeros meses de 2025 ha aumentado la compra de vehículos eléctricos de forma exponencial, solo en marzo los eléctricos y los híbridos enchufables crecieron un 67%, según Anfac.

Además, puso en valor los esfuerzos para incrementar la red de recarga de vehículos. "Cada mes en España se instalan 1.100 nuevos puntos de recarga", aclaró Aagesen, quien aclaró que "a pesar del ruido" España cuenta con más de 47.000 puntos de recarga públicos, el sexto país europeo.

Asimismo, aclaró que este plan es importante tanto para la industria como para los consumidores, en un contexto en el que Europa y su tejido industrial se enfrentan a dificultades tras el 'shock' arancelario impulsado por Donald Trump en Estados Unidos.

FALTA DE AUTOCRÍTICA

A pesar de abstenerse, el diputado popular Francisco Conde indicó que la ministra posee una "asombrosa falta de autocrítica". "Ha tenido usted un mal comienzo, desde que ha asumido sus responsabilidad solo es conocida por transmitir inseguridad jurídica", espetó, y le reprochó la "falta de respuesta inmediata" tras la caída del decreto ómnibus y la "indolencia" con la que Transición Ecológica trata al sector automovilístico.

También aseguró que los sectores industriales están esperando a que actúen "desde el realismo". "Este decreto llega tarde y no responde a las necesidades del sector", reprochó el diputado popular, quien afirmó que los consumidores tendrían que recibir las ayudas del Plan Moves en el momento de la compra e indicó que se tendría que garantizar que hubiese puntos de recarga suficiente para cubrir todo el territorio.

Además, reprochó la falta de incentivos a la automoción y la ausencia de neutralidad tecnológica. "Hay que reducir las emisiones y la vida útil de los vehículos, ustedes han incrementado la vida útil del parque automovilístico español desde que están en el Gobierno dos años", lamentó.

Vox fue el único partido que voto en contra de esta prórroga, representado por el diputado Alberto Rodríguez Almeida, quien afirmó que los planes de descarbonización y el Pacto Verde Europeo "solo han servido para que las empresas europeas pierdan competitividad frente a China".

"Las empresas europeas ya están perdiendo cuota de mercado", advirtió el diputado de la formación presidida por Santiago Abascal, quien destacó que, según el 'Informe Draghi', el país asiático está una generación por delante en la producción de estos vehículos, lo que le permite producirlos de forma mucho más barata.

Además, critico la falta de neutralidad tecnológica y recordó los casos de corrupción que implican a diputados socialistas y populares acusados de recibir pagos por parte de lobbies que defienden intereses chinos y marroquíes. "Solo así se explica que defiendan con esa vehemencia el Pacto Verde Europeo", aseguró Rodríguez Almeida, quien aseguró que propondran enmiendas para que se beneficie la compra de todo tipo de vehiculos. "No queremos rendir nuestra industria en favor de la China comunista", sentenció.

TONO DURO DE JUNTS

Para el diputado de Junts per Catalunya Josep María Cruset, han pasado 77 días desde la caída del decreto ómnibus "para nada". "Este es un Gobierno débil e insensible", aseguró, y aprovechó para reprochar al Gobierno el estar "regateando" la financiación de los enfermos de ELA.

Cruset, quien aseguró que en estos cuatro meses "miles de ciudadanos han decidido no comprar un coche eléctrico", indicó que el tiempo perdido es "irreversible" y afirmó que si el Gobierno hubiese hecho las cosas de manera "correcta" en estos momentos se estaría hablando de la tramitación del Moves IV.

Además, aseveró que estas ayudas son un "despropósito ético" ya que el Gobierno está aprovechando para tributar por IRPF en el tramo marginal de estas ayudas que proceden, en su mayoría, de fondos europeos. "Se quedan injustamente una parte del dinero, haciendo caja con la transición ecológica, aprovechando para ganar dinero", lamentó.

Para la diputada de ERC Inés Granollers es importante que se agilice el Plan Moves III, de tal manera que sean los concesionarios los que tramiten estas ayudas. A pesar de que desde la formación celebran que este decreto "revise bases, amplíe cantidades y ponga el foco en el Pacto Verde Europeo", criticó aspectos como la tardanza en la recepción de las ayudas y la inclusión de los vehículos híbridos enchufables en las mismas. Además, pidió más ayudar para impulsar la electrificación en las furgonetas de última milla y para incrementar la demanda de este tipo de vehículos.

"España tiene cuatro puntos por cada 100 kilómetros, nos tenemos que poner las pilas", advirtió la diputada de Sumar Julia Boada, quien llamó a copiar el sistema de ayudas y de puntos de recarga de vehículos eléctricos de Portugal, que ha conseguido tener el parque de vehículos eléctricos más alto de la Unión Europea. "El futuro pasa por dejar de consumir combustibles", indicó, y aseguró que en España el futuro también pasa por impulsar la movilidad en transporte público.

Para el diputado de EH Bildu Mikel Otero hay que copiar las medidas de otros países que han "dado con la tecla" para impulsar el vehículo eléctrico. Pidió mejorar las deducciones fiscales y priorizar los eléctricos sobre los híbridos enchufables, agilizar las ayudas e incrementar la potencia de red para incrementar la red eléctrica.

También se mostró crítica la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien aseguró que las ayudas deberían recibirse en el momento de compra de vehículos eléctricos. "Se podría haber aprovechado el proceso para hacer más eficiente el proceso y ayudar a que las rentas más bajas pudiesen acceder a estos descuentos", indicó.

Por último, el diputado de Podemos Javier Sánchez-Serna calificó el Plan Moves III como un "ejercicio de malabarismo contable" y lo comparó con el 'escudo social' impulsado por la pandemia. "Pensamos que es positiva la renovación pero también es una oportunidad perdida para resolver problemas", destacó, y alertó sobre la situación en la Región de Murcia, donde hay compradores de vehículo eléctrico que llevan tres años esperando recibir las ayudas. Además, pidió que los vehículos americanos sean excluidos de estos planes.