"La Fiscalía General del Estado está para defender la legalidad y el interés superior de los menores, no para salir al auxilio del Gobierno ante las consecuencias de sus propios incumplimientos", alertaron este viernes desde la dirección del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

El PP pidió a la Fiscalía "que no olvide su papel de neutralidad" y reclamó "la misma diligencia para exigir el cumplimiento de la ley al Gobierno de España que la que muestra para advertir a las comunidades autónomas". "Es llamativo que se haya actuado con enorme rapidez y contundencia para establecer cómo deben actuar los fiscales ante posibles reticencias de una comunidad a recibir a los menores, mientras siguen sin despejarse las dudas sobre el cumplimiento por parte del Gobierno de todos sus cometidos", denunció.

En este sentido, el principal partido de la oposición subrayó que la Fiscalía tiene "obligaciones previas y esenciales" a las de las comunidades autónomas y "en el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados, suscrito por la propia Fiscalía General del Estado, se atribuye expresamente al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar las pruebas médicas de determinación de edad cuando se localiza a un menor extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, indicando que la decisión sobre su práctica corresponde exclusivamente al Ministerio Fiscal".

"Por eso, antes de advertir a las comunidades, debería explicar cuántos de los menores llegados a Ceuta tienen su edad determinada, cuántos expedientes se han incoado, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos continúan pendientes de determinar", añadió.

El PP incidió en que su posición y la de los gobiernos autonómicos que lidera "es inequívoca: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento de la legalidad". "No hay ninguna rebelión" de las comunidades autónomas, sentenció, "sino una exigencia muy sencilla: que cada administración cumpla las obligaciones que le corresponden y que la ley se aplique a todos por igual".

"No es bueno introducir desde arriba elementos de confrontación allí donde abajo existe cooperación, confianza y trabajo conjunto. La protección de la infancia necesita que fiscalías y administraciones sigan trabajando como hasta ahora: compartiendo información, resolviendo problemas y buscando conjuntamente la mejor respuesta para cada menor", concluyó el PP.