Así lo verbalizó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que explicó "el impacto" que tienen estas dos modificaciones en el censo desde el punto de vista del derecho a voto, que, salvo para elecciones municipales, está condicionado a la nacionalidad española.

La 'ley de nietos' es, en realidad, una disposición de la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en 2022. Establece una serie de criterios para facilitar el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que no pudieron conservarla al exiliarse tras la Guerra Civil o durante la dictadura franquista. También se aplica a hijos de mujeres españolas que la perdieron al casarse con extranjeros antes de 1978 o de quienes ya se beneficiaron de la ley de 2007.

El plazo inicial para presentar solicitudes acabó en octubre de 2025 y alrededor de 2,5 millones de personas expresaron su interés de acogerse a la ley, la mayoría procedentes de América Latina, según el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (Cgecee). El grueso de los casos está aún en fase de estudio.

Las personas que cumplan con los requisitos recibirán la nacionalidad y entrarán en el censo de españoles residentes ausentes (CERA). Es decir, que "podrán votar automáticamente en todas las elecciones, salvo en las municipales", como asegura Ezcurra.

REGULARIZACIÓN MASIVA

El proceso para entrar en el censo electoral de los afectados por la regularización masiva que ultima el Gobierno es más complejo, pero también es posible en el medio plazo. No obstante, en ninguno de los casos podrán votar antes de 2028, por lo que no tendrán derecho al sufragio ni en las elecciones generales ni en las municipales previstas para 2027. Después de esa fecha, solo podrán hacerlo los que accedan a la nacionalidad.

En su caso, para votar en unos comicios generales o autonómicos, deben conseguir antes la nacionalidad española, que, con carácter general, se entrega previa solicitud a los 10 años de residencia legal y continuada, aunque existen plazos reducidos. Por ejemplo, los refugiados podrán pedirla a los cinco años, mientras que los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y las personas de origen sefardí, podrán hacerlo a los dos.

En todos los supuestos, con la normativa actual, el cómputo empieza desde la concesión de la residencia legal, no desde la llegada a España. Y deben tramitar la solicitud, carecer de antecedentes penales y superar una serie de exámenes de conocimientos constitucionales y lengua española -nivel A2-.

En el caso de las elecciones municipales, pueden votar sin la nacionalidad los ciudadanos de países con los que España mantiene convenios de reciprocidad, siempre y cuando acrediten cinco años de residencia legal, estén empadronados y se inscriban previamente en el censo electoral.

ACUSACIÓN DIRECTA

"Conclusión: el PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y sí está fomentando el clientelismo político a golpe de BOE. Y luego hablan de calidad democrática, y tal", afirmó Ezcurra, que aclaró las palabras del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ante las "mentiras" que, a su juicio, ha vertido el PSOE al respecto.

Esta mañana, en declaraciones a los medios en Zaragoza, Feijóo advirtió a Sánchez de que "no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas, y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas".

El PSOE replicó al jefe de la oposición que "nacionalidad y regularización no es lo mismo" y le acusó de "difundir bulos" al entender que se refería al censo electoral. La 'número tres' del PP aclaró que se refiere al poblacional aunque, por si había dudas, también al electoral en "el medio plazo".