En la sesión de control al Gobierno, Gamarra se dirigió una vez más a Montero para preguntarle si el aumento del gasto en defensa “cuenta con el apoyo del propio Gobierno” y acusar al Gobierno de “pretender engañar a la Unión Europea y la OTAN con una zafia ingeniería contable” incluyendo “mordidas” de Koldo y gastos asociados “a las señoritas de Ábalos”.

Montero contestó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en ese momento en la sesión de control, está “intentando” que no compute el gasto en defensa para el equilibrio fiscal y sacó a relucir las diferencias con el PP en cuanto al reparto de menores no acompañados. “¿Van a seguir negándose a que podamos distribuir unos niños que se encuentran en una comunidad autónoma donde ustedes gobiernan o donde se están poniéndose en contra de la dignidad de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto de territorios?”, cuestionó Montero.

A Gamarra le siguió su compañero de filas Elías Bendodo, quien recogió la última respuesta de la vicepresidenta para preguntarle “¿por qué el acuerdo de Valencia de cero menas es xenófobo y el acuerdo de Cataluña de cero menas es progresista?”.

A continuación, Bendodo formuló su pregunta sobre regeneración democrática en la que dijo que el Gobierno utiliza el Tribunal Constitucional como “túnel de lavado de los ERE” y preguntó a Montero si “se siente orgullosa de que la relacionen con los condenados” de esa causa. A esto, la vicepresidenta respondió que “hay que tener poco respeto por la justicia para llamar al Constitucional túnel de lavado”.

A los diputados del PP siguiendo Josep María Cruset, de Junts, que preguntó por la situación de los autónomos lamentando los costes que soportan en su actividad y le urgió a actualizar el real decreto sobre la tributación por módulos advirtiéndole de que no tendrán sus votos “a cambio de nada”.

Montero recordó un rosario de medidas que el Gobierno ha aprobado para los autónomos y que Junts fue el que votó en contra de un decreto que pretendía “acompañar a todo el tejido productivo”. Pese a las acusaciones, la vicepresidenta confió en que haya acuerdo para aprobarlo.

A Cruset siguió Idoia Sagastizabal, del PNV, que preguntó por la actualización de los contratos públicos con el IPC a la que se niega el Gobierno y alertó de que la concurrencia está bajando por ese motivo. Sagastizabal también se preguntó por qué se eleva el presupuesto para Muface y no permitan revisar los precios “por causas determinadas”.

Montero diferenció entre contratos en marcha, para los que mantuvo su posición de no revisar los precios, y los que finalizan y se vuelven a licitar, como es el caso de Muface. “Esos contratos puede que lleven un incremento que incluso a mí me pueden parecer excesivamente altos”, confesó.

En cualquier caso, insistió en su posición en contra que justificó en “impedir que la inflación suba” y puntualizó que en determinados contratos sí que se admite revisar los precios como son los de obra, los de suministro de equipamiento a las administraciones pública o los de suministro de energía