En declaraciones a los medios en el marco de la manifestación contra la reforma de la citada ley, González Pons expresó su temor de que esta norma vaya a “incrementar la inseguridad ciudadana en España en un momento en el que el número de delitos está creciendo de manera preocupante”.

Es más, se declaró convencido de que esta es una ley del Gobierno “para preparar la calle para enfrentarse al PP cuando el PP sea Gobierno”. “Esta es la ley que prepara Podemos para ocupar la calle si el PP gana las elecciones y lo terrible es que el PSOE lo apoye en un acto de absoluta irresponsabilidad y transmitiendo el mensaje de que ya son conscientes de que perderán y preparan el terreno para la oposición que piensan hacerle al gobierno que van a elegir los españoles”, trasladó.

Según su análisis, “el mismo rodillo que han aplicado en el Congreso siendo mayoría parlamentaria quieren, cuando pierdan las elecciones, aplicarlo en la calle quitando todas las normas que les puedan dificultar que el clima callejero se enrarezca”. A su juicio, esta es una ley “de inseguridad ciudadana que desprotege a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desprotege a los ciudadanos y a las instituciones públicas”.

Para González Pons, “lo que hace esta ley es establecer el régimen de Ada Colau en la ciudad de Barcelona en toda España”, ya que “favorece a los okupas y vendedores que no tienen licencia” y, además, “obliga a la Policía y a la Guardia Civil a que si se produjera un nuevo intento de referéndum de independencia en una comunidad a informar a la policía autonómica de todas las medidas que se van a tomar”.

DIMISIÓN DIRECTORA GUARDIA CIVIL

Además, el dirigente del PP aprovechó su presencia en esta manifestación para pedir la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras noticias que se han dado a conocer sobre la “corrupción” en la que pudiera “haber incurrido su marido y sus cuñados”, lo cual la “inhabilita para ejercer” su cargo.

Incidió así en que “este Gobierno está en fase de descomposición” con un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya tenía “muchas razones” por las que haber dimitido, “y ahora se añaden razones por las que tiene que dimitir la directora general de la Guardia Civil”, puesto que “no paran de salir noticias sobre cómo se llevaron dinero presuntamente su marido y su cuñado” y “todavía” no se ha escuchado que dé “un paso atrás” por “decencia”.

Igualmente, preguntado por el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, González Pons volvió a referirse a “la ley de inseguridad ciudadana que va a aprobar el Parlamento” y que “incrementa la inseguridad jurídica española, con más perjuicio a los pequeños comerciantes, desde luego, que a las grandes empresas”.

En este sentido, el vicesecretario de Institucional del PP recordó que “cuando las empresas se marcharon de Cataluña, todo el mundo lo consideró síntoma de una perjudicial situación política”. “A mí, el caso de Ferrovial me gustaría enfocarlo no tanto desde la persecución a una persona determinada o demonización de empresarios”, sino como “un síntoma” de lo que está pasando en España, remachó.