Ezcurra afirmó que España está "ante la mayor operación de regularización masiva de toda Europa", con un Gobierno que "pretende conceder la residencia prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular". "Basta con acreditar que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud. Desde luego, todo un nicho para el fraude documental", aseveró.

En este sentido, criticó que la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegure que afectará a 500.000 personas, cuando organismos independientes hablan de 900.000 y la Policía Nacional eleva la cifra hasta 1,2 millones, por lo que se preguntó si “estamos legislando a ciegas".

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP incidió en que “lo más grave es que, con la mera presentación de la solicitud, se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones”. Es decir, continuó, “quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales”, porque el Gobierno “lo ha sustituido por una declaración responsable".

De este modo, “no se consultan las bases de datos policiales, no se consultan las bases europeas, no se exige un contrato de trabajo, ni formación, ni aprendizaje del idioma. Nada. Es la primera regularización en la historia de España que se hace de forma masiva y completamente gratis. Y, por supuesto, todo esto por real decreto, sin planificación ni presupuesto", agregó.

Ezcurra explicó que, desde el día siguiente a la entrada en vigor del real decreto, cientos de miles de personas van a empadronarse, a escolarizar a sus hijos, a acudir a los centros de salud, a inscribirse en los servicios de empleo y a poder solicitar prestaciones sociales. "Todos estos son servicios que ya están muy colapsados. ¿Quién lo va a pagar todo? ¿El Estado? No. Lo pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y que no tienen ni un solo euro previsto para absorberlo", manifestó.

"Esto no es una política migratoria ordenada ni es el compromiso adquirido con Europa. Nuestro país necesita un sistema legal y ordenado, que vincule la inmigración al empleo, no un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia", sentenció la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP.