Así lo apuntó en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al Debate sobre el estado de la Ciudad de Madrid, donde apuntó que desde el PP no están en contra de un proceso de nacionalización a través de una Ley de Memoria, sino que “lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es por qué tiene el Gobierno tanta prisa y por qué está contratando a marchas forzadas a empresas públicas, semipúblicas o privadas para agilizar la contratación”.

En este sentido, señaló que es “muy sencillo”, porque todo aquel nacionalizado antes del 31 de diciembre tendrá derecho a voto en las autonómicas y generales, e incidió en que “parece que el Gobierno tiene mucha prisa en que voten o que tengan derecho a voto y no en que tengan la nacionalidad”.

Por ello, Serrano que el Gobierno de España tiene que explicar “muchísimas” cosas e incidió en que “tiene que explicar cómo es ese proceso de nacionalización, cómo es ese proceso de inscripción en el censo y si es cierto que, efectivamente, una persona sin ningún tipo de prueba puede convertirse prácticamente en español con poco menos que con algún tipo de pasaporte o libro de familia caducado e inscribirse en cualquier circunscripción sin probar ningún tipo de vinculación”.

Por tanto, el secretario general del PP de Madrid aseguró que “existe un riesgo real de que se pretenda alterar el censo electoral por la puerta de atrás” y comentó que “la mejor manera que tiene el Gobierno de España, en vez de atacar al Partido Popular, es dando transparencia”.

En este sentido, Serrano comentó que, antes de todo este proceso de nacionalización, hispanos-argentinos vinculados a Madrid o que están en el censo de Madrid en toda Argentina, había 36.000, lo que supone en torno a un 18% del total de hispano-argentinos que están en el CERA español”, pues “se han apuntado solo en Buenos Aires 600.000 argentinos para ser españoles”, lo que supondría otros 120.000 para Madrid”. Por lo tanto, este proceso del Gobierno de España, “que tanta rapidez le está dando, haría que solo de Argentina pasaríamos de tener 36.000 con derecho a voto a 160.000”, lo que “supone una alteración del censo”.

De este modo, “lo que le pedimos al Gobierno de España es transparencia y claridad” y demandó que “quien tiene que velar por ello, es como si le dices a un a un policía que vele por nuestra seguridad, que son los responsables políticos y administrativos de las embajadas, que velen para que, esta jugarreta que pretende hacer el Gobierno de España, no se pueda llevar a cabo”.