Así lo anunció la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, donde quiso zanjar cualquier tipo de polémica en torno a este asunto y aseveró que “el adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas”.

En el anuncio del recurso, Ayuso reconoció que había hablado con el presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, pero eludió aclarar si cuenta con su apoyo. Gamarra confirmó que el PP era “perfectamente conocedor” de las intenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y afirmó que comparten “esa inquietud”.

La 'número dos' de Feijóo defendió que las comunidades autónomas son las administraciones “legitimadas” para tomar este tipo de acciones y recordó que el PP recurrió la conocida como ‘Ley Celáa’, “de la que derivan reales decretos” como el que ahora impugna Ayuso.

Además, en línea con las declaraciones de la lideresa del PP de Madrid, Gamarra indicó que las leyes aprobadas por el Gobierno en materia educativa “no son el camino para educar a los jóvenes en la cultura del esfuerzo, en la preparación y la búsqueda de la excelencia”.

“El adoctrinamiento debe quedar al margen de las aulas. Un buen Gobierno no es el que piensa en adoctrinar, sino el que piensa en dar la mejor educación posible a nuestros jóvenes para que desde su libertad puedan aspirar a la excelencia. Por lo tanto, absoluto respaldo en la toma de decisiones que las comunidades autónomas llevan a cabo”.

SENTENCIA 25%

Por otro lado, Gamarra anunció que el PP “ya trabaja” para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto con el que la Generalitat pretende no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano.

Fuentes del PP confirmaron que este recurso se presentará junto a Ciudadanos con el objetivo de que se cumpla la Constitución y se garanticen los derechos y libertades de los estudiantes catalanes.

Por último, Gamarra se dirigió al Gobierno para exigirle que presente también otro recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, y para pedirle que garantice los derechos y libertades de los estudiantes catalanes a través de la Alta Inspección.