En declaraciones a Servimedia, Sáenz de Santamaría afirmó que se trata de una "ley de mínimos que no da un carácter armónico a aspectos tan esenciales como retribuciones, ordenación de la función pública o carrera profesional", con lo que, a su juicio, "aumentarán las diferencias entre funcionarios según la Administración en la que trabajen aunque desempeñen los mismos servicios".

Para el PP, el Estatuto del Empleado Público conduce a una "posible politización" de la función pública al consagrar mecanismos como la entrevista personal como vía de selección para el acceso a la función pública, con lo que "abre la vía a designaciones a dedo por encima del mérito y la capacidad".

"Nos preocupan también", añadió la dirigente del PP, "los ceses discrecionales en el puesto de trabajo porque se abre la puerta al clientelismo político y a las viejas cesantías".

INFLUENCIA DEL "ESTATUT"

Con este texto, y como consecuencia del Estatuto catalán, se "abre el camino a 17 modelos de función pública". Se trata del "primer peaje", según los populares, al "Estatut" aprobado el 18 de junio pasado en referéndum.

El Estatuto del Empleado Público "no será aplicable íntegramente y por igual a todo el territorio nacional", añadió Soraya Sáenz de Santamaría, quien criticó que el Gobierno haya preferido pactar el texto con CiU y ERC, y no con el PP.

La dirigente popular recordó que su formación ofreció al Ejecutivo negociar sobre el texto de Estatuto de la Función Pública consensuado por PP y PSOE en 1999, cuando el hoy presidente del Gobierno era portavoz socialista en la Comisión de Administraciones Públicas y Mariano Rajoy era ministro del ramo.

El PP rechaza, asimismo ,que los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos dejen de ser funcionarios con habilitación nacional y pasen a ser funcionarios autonómicos, algo que hace el Gobierno "para pagar los peajes de sus apoyos parlamentarios a los partidos nacionalistas".

Además, Sáenz de Santamaría se preguntó por qué el Ejecutivo no ha enviado el texto del anteproyecto de ley al Consejo de Estado.

Por todas estas razones, los populares se plantean presentar, durante el debate parlamentario, enmienda de totalidad al texto del Ejecutivo. Las comunidades gobernadas por el PP ya expresaron este jueves al Gobierno su rechazo a esta norma.