El pacto está compuesto por 19 ejes y 324 medidas detalladas con plazos de ejecución a lo largo de los 62 folios que lo componen. El primero de los compromisos suscritos por PP y Vox es “elaborar y aprobar unos presupuestos anuales hasta 2030”. La pretensión es garantizar “un Gobierno estable y responsable” que “permita a Castilla y León protegerse frente al caos del Ejecutivo de Pedro Sánchez colapsado por la corrupción”, según la literalidad del texto. No recoge, sin embargo, ninguna cláusula que impida que se repita lo sucedido en 2024, cuando Vox abandonó la Junta y dejó en punto muerto la legislatura.

Mañueco ya ha comunicado al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, su voluntad de presentarse a la investidura, que se prevé para la próxima semana. En los días posteriores tomará posesión de su cargo y anunciará los integrantes que conformarán su Ejecutivo. Las 11 carteras ya están repartidas a falta de conocer qué consejería de Vox se integrará en la Vicepresidencia Primera, que dirigirá Carlos Pollán, el líder regional del partido de Abascal.

Vox se quedará con las consejerías de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. Ya se aferraron a la mayoría de estas competencias en Extremadura y Aragón, aunque la novedad en este acuerdo es que también se hacen con Cultura y Deporte. Pollán explicó además que Desregulación ostentará “inmigración, juventud y cooperación al desarrollo”, y Agricultura amalgamará las “competencias de caza y pesca”.

REPARTO DE CONSEJERÍAS

El PP tendrá la Vicepresidencia Segunda con competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Al mismo tiempo, controlará las consejerías de Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social; Educación; y Medio Ambiente y Energía.

El reparto de carteras –ocho a tres– atiende a la proporcionalidad de los resultados de las elecciones autonómicas del 15 marzo. El PP las ganó con el 35,47% de los votos y 33 diputados, mientras que Vox quedó tercero con el 18,92% y 14 diputados. El deseo de Mañueco, verbalizado en público y en privado, era gobernar en solitario. Pero los acuerdos en Extremadura y Aragón le han obligado a repetir esta fórmula, que él ya ensayó en 2022, cuando fue el primer barón del PP que introdujo a Vox a un Ejecutivo autonómico.

La gran incógnita que no se resolverá por lo menos hasta la próxima semana es en qué lado recaerá la prevención y extinción de incendios. Esta cuestión es nuclear en Castilla y León desde el verano pasado, cuando fallecieron dos personas durante la ola de fuegos sin precedentes que sufrió España, y que sumió a Mañueco en unas de las crisis políticas más importantes desde que asumiera la Presidencia de Castilla y León en 2019.

La literalidad del acuerdo apunta a que recaerá en las manos del PP, ya que el apartado de incendios se engloba en Protección Civil que es competencia de la Vicepresidencia Segunda. Entre las medidas pactadas con Vox, habrá un incremento de la colaboración público-privada para “asegurar la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques”, “un nuevo marco normativo en materia de prevención”, un refuerzo del “anillo de seguridad” de las localidades y una nueva sede de Emergencias Castilla y León y 112.

“ESTABILIDAD”

El salmantino dijo que la firma del acuerdo constituye “un día bueno” para Castilla y León porque “ofrece estabilidad” al vincular a ambas partes a “cuatro años” de gobierno, teóricamente. En su opinión, es “amplio y extenso” y “busca el crecimiento económico y la creación de empleo; el fortalecimiento de los servicios públicos; y el apoyo a los jóvenes y a los mayores; además de ser “un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos”.

Pollán, por parte, se mostró “muy contento” por el acuerdo alcanzado porque a su juicio supone un “gran impulso definitivo para las políticas de la Junta de Castilla y León”. Dio las gracias a Mañueco por su “predisposición desde el primer momento al diálogo”, que ha sido “cordial” y “fluido”, en parte por “haber entendido el mandato de las urnas por ambas partes”. Y aseguró que se fía del PP porque el pacto firmado es “muy amplio, muy detallado”, es decir, “no tan genérico como se hizo hace cuatro años”.

“Creemos y confiamos en la buena predisposición que hemos tenido las dos partes para dar estabilidad en Castilla y León y para cumplir ese pacto. Si no, no estaríamos aquí”, declaró el dirigente de Vox.

Pollán recalcó que el acuerdo recoge “un trabajo importante de fiscalidad para las familias, los jóvenes y el mundo rural”, y un “rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez”. Pero sobre todo celebró que, tras “muchas horas de trabajo y mucha colaboración por las dos partes”, habrá “prioridad nacional” en Castilla y León.

“PRIORIDAD NACIONAL”

La redacción es idéntica a la pactada en Aragón. Para acceder al parque de vivienda pública, se exigirá un empadronamiento “histórico” en Castilla y León y España de un mínimo de 10 años para la compra, y cinco años para alquiler. A partir de ahí, se dará más importancia a la ponderación de “los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio”. Por ejemplo, “la trayectoria de cotización y actividad laboral, y la existencia de familiares de primer grado residiendo en Castilla y León”.

La filosofía es similar para el reparto de ayudas públicas. El nuevo Ejecutivo de coalición exigirá “un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio”, así como una “trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema”. Y en línea con lo pactado en Aragón y Extremadura, se excluirá del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, “limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Todos estos baremos se aplicarán con “sujeción a la legislación vigente”. En paralelo, la Junta de Castilla y León se sumará a los gobiernos de Extremadura y Aragón para instar a Sánchez a que modifique la Ley de Extranjería y “cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva” de la “prioridad nacional”.

Mañueco explicó que, como es un “criterio inspirador, habrá que ir, subvención a subvención, medida a medida, para ir detallando y concretando” cómo se aplica.

PRIMERAS MEDIDAS

Al margen de la prioridad nacional, que el acuerdo señala que se empezará a aplicar desde el primer día, 124 de las 324 medidas pactadas se desarrollarán antes de que acabe el 2026. Entre ellas, la defensa de la caza y control de especies cinegéticas; algunos de los citados aspectos relacionados con la prevención de incendios, y el endurecimiento del régimen interno de los centros de menores, con “protocolos de intervención y disciplina”.

La Junta también se opondrá “desde el arranque del Gobierno” de coalición a acoger más menores extranjeros no acompañados y “trabajará activamente por devolverá sus países de origen” a los que ya tiene acogidos, al tiempo que verificará su edad.

Por otro lado, auditará “todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”, lo reducirá “al mínimo legal imprescindible”, y suprimirá el “total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal” –aunque en el PP insisten en que debe haber una condena firme–. Otra medida relevante para los postulados de Vox –aunque el PP la recoge en su ideario– es la prohibición del uso del burka y nicab. Además, se dará “prioridad” al producto español en los comedores de los colegios públicos.

ECONOMÍA, VIVIENDA

Más allá del ámbito migratorio, PP y Vox aplicarán una “bajada progresiva” del IRPF de un punto porcentual hasta el final de la legislatura, ayudas de hasta 18.000 euros para emprender, “suprimir o reformar todas aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde”, enseñar en los colegios la historia del terrorismo y una unidad aceleradora de vivienda pública oficial (VPO) paralela a la construcción de al menos 5.000 nuevas inmuebles protegidos.

El acuerdo también contempla la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para los procedimientos y servicios de la Junta de Castilla y León, congelar las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo, y la aprobación de una Ley de Concordia que garantice “el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”.

No hay ni una sola mención a las políticas Lgtbi ni al aborto. En la anterior legislatura, el entonces vicepresidente Juan García-Gallardo -que ya no milita en Vox- provocó una crisis importante en el Gobierno de coalición con el PP al anunciar un paquete de medidas antiaborto que ofrecía a las embarazadas la escucha del latido fetal. Vox ha renunciado a estas dos banderas en Castilla y León, como ya hizo en Aragón y Extremadura.