El GPP propone añadir un nuevo Título Octavo a la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para la prevención y sanción de los actos de exaltación del terrorismo y humillación a las víctimas, que contemple sanciones administrativas para los responsables de estas actuaciones.

Este tipo de infracciones serán catalogadas de leves, cuando las conductas sean aisladas o de escasa difusión pública; graves, cuando las conductas sean organizadas, reiteradas o tengan un impacto relevante; y de muy graves cuando sean en lugares oficiales o masivos, o que incluyan exaltación explícita de organizaciones terroristas, participación de cargos públicos o reiteración de infracciones graves.

Las sanciones podrán ir de los 200 a los 2.000 euros para las infracciones leves, mientas que las graves podrán ser castigadas con una cuantía de entre 2.001 y 10.000 euros, y las más graves desde los 10.001 euros hasta los 150.000. Este tipo de homenajes no puede tener trascendencia penal.

La portavoz del GPP en el Senado, Alicia García, asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “uno de los responsables” de no frenar estos actos que lesionan la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista.

Y añade: “Después de engañarnos a todos diciendo que jamás pactaría con ellos, acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA. Y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor”.

A su juicio, el jefe del Ejecutivo “no tiene límites morales y esta dispuesto a todo para permanecer en el poder”, al mismo tiempo que recuerda que “permanece en el sillón de la Moncloa gracias al pacto encapuchado con Bildu del que todavía los españoles desconocemos sus términos”.

Los populares recuerdan que la actual normativa tipifica las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Sin embargo, no contempla actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal y que demandan, a su juicio, una respuesta administrativa inmediata. En este sentido, destaca la importancia de la iniciativa del GPP que quiere añadir un nuevo título para acabar con los ‘ongi etorris’, que se amparan en la libertad de expresión en materia penal.