La decisión contrasta con la adoptada en Extremadura, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, asumirá directamente “las competencias en materia de mujer, conciliación e igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi”, según recoge la nueva estructura de su Ejecutivo.

En Aragón, en cambio, las políticas Lgtbi quedarán integradas en la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que estará en manos del vicepresidente que le corresponde a Vox, Alejandro Nolasco. Este departamento asumirá, según las mismas fuentes, “la promoción de la igualdad en la vida política, social y económica”, mientras que el PP conservará las competencias específicas de igualdad entre hombres y mujeres.

El pacto suscrito entre PP y Vox en Aragón no contiene ninguna alusión expresa a las políticas Lgtbi. Sí recoge, no obstante, que “se procederá a la derogación o, en su caso, la reforma de aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico, al tiempo que se impulsará la eliminación o reorientación de los organismos, entes o estructuras administrativas vinculadas a dichos fines o que resulten superfluos”.

“Para ello”, añade el acuerdo, “se llevará a cabo una revisión sistemática del conjunto del ordenamiento autonómico en esta materia en el primer semestre de gobierno, a fin de proceder, en su caso, a su derogación o modificación”.

Ese mandato deberá desplegarse desde la vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que, según las fuentes consultadas, será también el área encargada de las políticas de igualdad de trato y no discriminación del colectivo Lgtbi.

Aragón cuenta con una ley trans y una ley Lgtbi, ambas aprobadas por el Gobierno socialista de Javier Lambán en 2018. La primera regula la identidad y expresión de género; y la segunda, la igualdad y protección integral frente a la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género.

Las políticas Lgtbi son uno de los objetivos políticos de Vox en las comunidades autónomas. Así lo ha verbalizado especialmente en Extremadura, donde puso en el punto de miran la ley aprobada por el Gobierno de José Antonio Monago (PP) en 2015, y llegó a elevar propuestas al Pleno de la Asamblea para derogarla.

Guardiola, sin embargo, ha sido una firme defensora de esa norma, hasta el punto de que el propio Santiago Abascal llegó a tildarla de “Irene Montero de Extremadura” durante la campaña electoral. En la ponencia política aprobada en el Congreso Nacional de julio, el PP garantizó que “nunca” dejará de “combatir la Lgtbifobia”.

El PP no ha derogado hasta ahora ninguna ley trans autonómica de forma íntegra. Sí ha impulsado reformas restrictivas en la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y, junto a Vox, modificaciones legales en la Comunidad Valenciana. A nivel nacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la ley trans estatal por conducir, a su juicio, al “borrado de las mujeres”.