Según informó el partido este domingo, denunciaron que la Ley de Eficiencia Judicial promovida por el ministro de Justifica, Félix Bolaños, está provocando “inseguridad jurídica, bloqueo de la Justicia, dificultades entre los operadores judiciales y disparidades interpretativas” de la norma por haber establecido a estos MASC como requisito de procedibilidad obligatorio previo a la interposición de demanda.

Todo ello, según se subraya en la iniciativa, iría en contra de la finalidad de la reforma, al generar “retrasos e inseguridad”, además de estar perjudicando a los “legítimos intereses y derechos de los ciudadanos” y, especialmente, de los demandantes.

Por tanto, para el PP es “imprescindible” impedir que estos Medios Alternativos de Solución de Conflictos se conviertan en un “elemento de bloqueo de la Justicia”, así como garantizar una unidad de criterios en todo el territorio nacional.

Entre las principales medidas que propone el Partido Popular para su debate en el Pleno del Congreso están la unificación de criterios para la aplicación de dichos MASC, la modificación “urgente” de las excepciones sobre la obligatoriedad de la utilización de esos medios alternativos, así como la elaboración de un estatuto de la tercera persona neutral con participación efectiva de todos los profesionales y su remisión a las Cortes.

Por otro lado, en la proposición también se solicita que el Gobierno trabaje con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los distintos órganos y operadores de la Justicia para elaborar protocolos comunes de actuación que definan “con claridad y flexibilidad la exigencia, acreditación y efectivos del intento de los MASC”. En este sentido, el Partido Popular aboga, además, por el desarrollo de programas de formación específica para los operadores jurídicos y campañas de información ciudadana para difundir el funcionamiento y las ventajas de estos medios alternativos.

Para finalizar, el PP pide que se establezcan unos mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la eficiencia del sistema judicial.

A cuenta del registro de esta iniciativa, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha tachado la Ley de Eficiencia Judicial del Gobierno de “otro desastre legislativo”, que se une a la ‘Ley del solo sí es sí’, según destacan desde el PP.