El parlamentario popular se mostró escéptico ante los argumentos esgrimidos por Garzón y puso en duda que cumpla los objetivos trazados.

No obstante, otorgó un margen de confianza al delegado gubernamental y subrayó que quizás cuando pase un año será el momento más indicado para hacer una valoración de su gestión.

Por su parte, el delegado del Plan Nacional contra la Drga se defendió diciendo que las partidas presupuestarias de su departamento no incluyen un aumento de los gastos corrientes, sino que éstos disminuyen en términos reales.

Para apoyar su afirmación, destacó que su gabinete está dotado de una mínima infraestructura y que únicamente dispone de un director, dos asesores ejecutivos y seis empleados adscritos a la secretaría.

COMPETENCIAS

Garzón, que reiteró que no cuenta con más competencias que sus antecesores en el cargo, puso de relieve que no esá interesado en asumir protagonismo en la lucha contra la droga y que ésta es una labor que corresponde al conjunto de la sociedad.

En cuanto a su propuesta de potenciar la prevención en el mundo laboral, el ex juez no mencionó iniciativas concretas, aunque señaló que existen muchas fórmulas que no pasan necesariamente por una inyección de dinero.

En este sentido, aludió a la política de apoyo a los agentes sociales, la potenciación de acuerdos tripartitos entre el Gobierno, la patronal y los sinicatos, y la aplicación de distintos programas que ya están en marcha.

Por otra parte, Garzón dijo a los miembros de la comisión que no tiene aspiraciones de ser vicepresidente del Gobierno y que su papel consiste en actuar de coordinador entre los diferentes ministerios implicados en la lucha contra la droga.