Durante la defensa de la iniciativa, la senadora del PP Elena Castillo López subrayó que la moción "no busca revancha política", sino que persigue "restaurar la credibilidad institucional, garantizar la integridad de los fondos públicos y dejar claro que la investigación contra el cáncer no puede gestionarse desde la opacidad ni desde la irresponsabilidad".

Castillo López defendió que el CNIO es un instituto estratégico del Estado, financiado mayoritariamente con fondos públicos, y recordó que sobre él recae la confianza de investigadores, pacientes y familias. "La ciencia exige rigor, la gestión de los fondos públicos exige transparencia y la responsabilidad política no se delega ni se posterga", afirmó.

La senadora popular rechazó que la iniciativa pretenda interferir en la autonomía científica del centro y sostuvo que el refuerzo de los mecanismos de control debe entenderse como una medida preventiva para proteger el prestigio institucional del CNIO. A su juicio, "cada euro mal gestionado no es solo una cifra, es una oportunidad perdida para la ciencia", lo que acaba provocando "una quiebra de la confianza pública".

En su intervención, la senadora popular fue especialmente crítica con la actuación del Ministerio de Ciencia y afirmó que no puede limitarse a ejercer un papel de mero financiador cuando fija reglas, condiciona carreras profesionales y forma parte del órgano de gobierno del centro. En su opinión, la ministra Diana Morant "conocía desde hacía meses" las alertas internas y las denuncias sobre el deterioro institucional del CNIO sin que se produjera una actuación eficaz por su parte.

AUDITORÍA EXTERNA E INDEPENDIENTE

La moción del PP fue objeto de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, defendidas por el senador Fernando Carbonell, quien coincidió en la gravedad de la situación, pero advirtió del riesgo de que el debate "se convierta en una confrontación política que acabe dañando la reputación de una de las principales instituciones científicas del país".

Carbonell defendió que la enmienda presentada por su grupo pretende "reforzar la eficacia jurídica de la iniciativa e introducir una auditoría externa e independiente para esclarecer el uso de los fondos públicos", al tiempo que se blindaba la continuidad de las líneas estratégicas de investigación y la protección de los investigadores. "Cuando se trata de dinero público no valen insinuaciones ni rumores, valen los hechos y los informes técnicos", afirmó.

Castillo rechazó las enmiendas del Grupo Mixto al considerar que podían desvirtuar el objetivo principal de la moción y trasladar incertidumbre al personal científico. La senadora popular sostuvo que anticipar conclusiones o personalizar responsabilidades políticas en este momento "no contribuye a mejorar la gobernanza del centro ni a proteger la investigación".

Durante el turno de portavoces, la senadora del Grupo Parlamentario Mixto María del Mar Caballero Martínez respaldó la iniciativa y coincidió en la necesidad de "aclarar responsabilidades", reorganizar la estructura del centro y "recuperar la confianza pública y científica", insistiendo en la importancia de la transparencia y del buen uso de los fondos públicos destinados a la lucha contra el cáncer.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el senador David Matute fue crítico con la moción del PP y afirmó que constituye "un ataque político al Gobierno" más que una propuesta orientada a mejorar el funcionamiento del CNIO. Matute defendió la importancia del impulso continuo que el Ejecutivo socialista mantiene con la ciencia y recordó la gran importancia y cuantía de la inversión realizada en los últimos años "en investigación contra el cáncer y en el desarrollo de tratamientos pioneros".

"Nuestro compromiso es apostar por la ciencia", subrayó el portavoz socialista, quien defendió que el Gobierno incrementó de forma significativa los recursos destinados a la investigación oncológica y alertó contra debates que, a su juicio, "pueden generar desconfianza en instituciones científicas de referencia y afectar a su estabilidad".

Desde el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, la senadora Carla Delgado Gómez acusó al PP de "utilizar la fiscalización del CNIO como arma política contra el Gobierno" y sostuvo que la moción responde a un "enfoque oportunista". Delgado defendió que el patronato del CNIO actuó conforme a la legalidad y reclamó respeto a los tiempos judiciales y a los procedimientos en curso.

A lo largo del debate, los distintos grupos coincidieron en la relevancia del CNIO como institución clave del sistema científico español y en la necesidad de garantizar una gestión transparente y responsable.

DETERIORO DE LA CONFIANZA Y EL PRESTIGIO

La senadora Castillo advirtió de que las presuntas irregularidades y la falta de control tienen "tres efectos directos sobre la investigación oncológica: deterioro de la confianza de donantes y colaboradores, dificultad para mantener alianzas internacionales estratégicas y pérdida de talento científico, con la salida de perfiles senior y el arrastre de proyectos y financiación competitiva.

Concluyó que el CNIO fue durante años un centro de referencia internacional, pero denunció que "la falta de vigilancia y supervisión por parte del Ministerio de Ciencia" ha derivado en una situación de incertidumbre jurídica, institucional y reputacional. En este sentido, acusó al departamento que dirige Diana Morant de "negligencia en su labor de supervisión, pese a ostentar la presidencia de honor del patronato". Asimismo criticó que informes de la Intervención General del Estado ya alertaban desde 2021 de problemas como "la pérdida de personal investigador, la caída de la producción científica y una fuga de cerebros", sin que el ministerio adoptara medidas correctoras eficaces.

También señaló, en sus conclusiones, que responsables del Patronato del CNIO habrían tenido conocimiento de irregularidades comunicadas por trabajadores sin trasladarlas al conjunto del órgano de gobierno. La senadora popular cerró su intervención con la afirmación de que una institución científica "no se protege con anuncios ni titulares, sino con control efectivo y gestión responsable", y advirtió de que si no se actúa con rigor, el coste no lo pagará el Gobierno, sino el sistema científico, sanitario y, en última instancia, los pacientes.