El magistrado ve confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos sobre el novio de Ayuso siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del Gobierno. Y los populares elevan el asunto a Bruselas para intentar forzar un pronunciamiento del Ejecutivo comunitario a través de una pregunta parlamentaria.

“Este caso revela una corrupción institucional sin precedentes: el uso del poder del Estado para destruir a rivales políticos utilizando a la Fiscalía. Es la prueba más grave hasta la fecha de la colonización institucional por parte del Gobierno. No hablamos de errores, hablamos de una operación política que ha quedado al descubierto”, aseveró la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, en unas declaraciones remitidas a los medios por su partido.

En el texto, Montserrat pone en conocimiento del Ejecutivo comunitario que el auto judicial señala que la instrucción permite presumir que, “de Presidencia del Gobierno, se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudieran disponer". Y deplora que, “pese a la gravedad de los hechos y de la posibilidad de penas de prisión e inhabilitación, el Fiscal General no ha dimitido y mantiene el apoyo explícito del Gobierno”.

Por esta razón, reclama a la Comisión que se pronuncie sobre si se podrían vulnerar los principios del Estado de derecho recogidos en el Tratado de la Unión Europea, en particular la independencia del poder judicial y del Ministerio Fiscal. “¿Preocupa a la Comisión un uso del Ministerio Fiscal en una operación de Estado destinada a destruir a un adversario en contradicción con las recomendaciones del Mecanismo de Estado de Derecho que exigen autonomía y neutralidad?”, pregunta expresamente.

Para la dirigente del PP, la Comisión no puede quedar ajena al escándalo sin precedentes en Europa de un Fiscal General imputado, y le pide solicitar información adicional al Gobierno español e incluir los últimos desarrollos en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España, que se publicará el próximo mes.