“El PP no está para fotitos dadas las circunstancias, pero tienen nuestras ideas a su disposición”, señalaron desde Génova, donde no quisieron revelar “el sentido de la conversación” por “respeto”. “Pretendemos un consenso, es una propuesta sensata y urgente”, añadió la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en declaraciones en Zamora.

El PP insiste en que el Consejo de Ministros ha perdido “una oportunidad importantísima” de tomar medidas para “paliar la subida de la de la luz y la subida del gasóleo” como han hecho “otros países europeos”, entre los que García apuntó a Portugal e Italia. Y abrirá el debate la próxima semana en el Senado, donde aprobará con su mayoría absoluta una iniciativa para instar al Ejecutivo a adoptar sus propuestas.

Los populares tendrán un termómetro de lo que piensan los distintos grupos parlamentarios de su plan, que también se votará en el Congreso a través de una proposición no de ley que ya está en manos de Bolaños y del arco parlamentario en aras a buscar una respuesta consensuada ante la crisis de precios coyuntural.

REBAJAS DEL IVA

La propuesta ‘estrella’ del PP es una rebaja del IVA del precio de la luz y del gas del 21 al 10% durante un plazo ampliable de tres meses. La medida es extensible al hueso de aceituna, briquetas y procedentes de la biomasa y a la madera para leña, así como a la gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola. Su prórroga se decidiría “en función de la evolución” de los precios.

Por otro lado, la oposición ve conveniente aprobar una bonificación extraordinaria equivalente al 11% del precio del litro en la adquisición de combustibles de automoción y agrarios por otro plazo de tres meses ampliables. Los sectores beneficiados serían el transporte de mercancías y viajeros, el autotaxi, y motores agrícolas forestales, de embarcaciones y maquinaria empleada en agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura, pesca y embarcaciones “siempre que no sean de recreo”.

Para la adecuada implementación de esta medida, el PP plantea que el Gobierno habilite “un sistema de gestión ágil, preferiblemente mediante la devolución mensual de las cuantías bonificadas a través de la Agencia Tributaria, utilizando como base las tarjetas de suministro profesional o las facturas debidamente acreditadas para aquellos subsectores que no dispongan de tarjeta específica”.

El PP insiste también en abordar la supresión del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (Ivpee), que, según fuentes populares, “significaría un descuento de entre un 3% y un 4% del precio final del recibo”.

MEDIDAS ENERGÉTICAS

Por otro lado, Génova pone encima de la mesa la posibilidad de establecer “una bonificación permanente” de un 80% en el coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad que tienen que asumir las empresas que cuentan con el certificado de consumidor electrointensivo.

También quiere revisar el mecanismo de compensación a las industrias en riesgo de fuga de carbono, modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos “para asegurar que las industrias en España puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo”; y convocar la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026.

Y, en paralelo, pide al Gobierno aprobar una “bonificación permanente” de un 80% en los peajes que tienen que asumir las empresas electrointensivas, una convocatoria de la subasta de cogeneración y la revisión de la retribución variable para 2026.

Además, apuesta por modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos “para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea, y una reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025.

DEFLACAR EL IRPF

Por otra parte, la oposición quiere “devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años mediante la actualización de los parámetros del lmpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Para hacerlo, plantea situar el mínimo personal en 6.105 euros anuales con carácter general, y duplicar los mínimos por descendientes, quedando fijados en 4.800 euros anuales por el primer hijo, 5.400 euros anuales por el segundo, 8.000 euros anuales por el tercero, y 9.000 euros anuales por el cuarto y siguientes.

También propone “deflactar de forma escalonada de los tramos de la tarifa del IRPF, incrementado en un 10% el primer tramo de la base liquidable hasta situarse en 13.695 euros; subiendo un 5% el segundo hasta situarse en los 21.210 euros, y elevando en un 3% para el tercer tramo de la base liquidable hasta situarse en los 36.256 euros. El PP busca así un impacto directo en las clases medias y bajas, si bien todos los contribuyentes se verían beneficiados por esta medida.

900 EUROS DE AHORRO POR FAMILIA

Por otro lado, el PP considera que se debe “actualizar en un 2,7% para el periodo impositivo de 2026 los restantes límites máximos y umbrales de renta, base o magnitud equivalente previstos en la normativa estatal del IRPF que, estando expresados en euros, condicionen el acceso, la aplicación, la cuantificación o el mantenimiento de reducciones, deducciones, exenciones, compensaciones o cualesquiera otros beneficios fiscales, cuando su falta de actualización pudiera erosionar la capacidad económica real del contribuyente”.

Y pretende que, con efectos desde el 1 de enero de 2O26, se adapten las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF aplicables a los rendimientos del trabajo, “a fin de que el ahorro fiscal derivado de estas medidas tenga un impacto automático e inmediato en la economía familiar y se refleje directamente en la nómina de los trabajadores”.

Estos retoques en el IRPF afectarían a 16 millones de contribuyentes a los que se les “devolverían” 3.200 millones de euros, siendo la clase media la que “concentra el 70% del beneficio” con “2.300 millones de devolución”. La estimación inicial es un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente, según el PP, que eleva a 900 euros anuales el impacto positivo para familias formadas dos adultos y dos hijos, siempre y cuando las medidas de energía se prolonguen durante todo un año.