“Son responsables directos de la invasión en Ceuta”, aseveró la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en el escritorio del Congreso. Desde allí, advirtió al jefe del Ejecutivo que “ya no puede utilizar a nadie como cabeza de turco” y que debe ser él quien cese del cargo por haber “mentido a los españoles a la cara” con “una frialdad alarmante” durante “40 días” y yéndose “de vacaciones” sin “escrúpulos”.

La oposición considera que toda la documentación publicada hoy demuestra que el Ejecutivo faltó a la verdad cuando “dijo el Gobierno que no había nada, que no recibieron ningún informe, que no sabían nada de la invasión y que era imposible de predecir”.

En su opinión, ya solo la comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la Delegación del Gobierno de Ceuta advirtiendo de la existencia de dos grupos organizadores de la entrada masiva con 180.000 seguidores en redes desmonta su versión.

Además, considera “la dejación de funciones” se hace más evidente por dos motivos. Primero, porque el asalto a la frontera pilló a la Guardia Civil con “cinco agentes y cuatro buceadores” en la frontera, pese a que la Benemérita había pedido reforzar sus filas tras la sentencia del Supremo que impedía las ‘devoluciones en caliente’ en el mar.

Y segundo, porque ni Sánchez ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se pusieron “al teléfono” cuando el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El PP, no obstante, eludió avanzar si tomará alguna acción judicial con toda la documentación publicada hoy. Muñoz tampoco se aventuró a decir si los informes y comunicaciones desclasificadas acercan a Sánchez o a Marlaska al banquillo para dejar que la juez María Tardón “tenga libertad para instruir la causa”.

Por último, los populares se mostraron convencidos de, que igual que la información desclasificada es “grave”, lo será aún “más” toda aquella que permanece bajo secreto.