Las preguntas escritas, firmadas por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y la senadora popular por Ceuta Cristina Díaz, ponen el foco en las declaraciones realizadas por Saiz durante su estancia en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio.

En concreto, el PP emplaza al Ejecutivo a precisar qué manifestaciones considera el Ministerio que constituyen esos “supuestos discursos” y pregunta a Saiz si entiende que “reclamar seguridad, control de la inmigración irregular, identificación de las personas que han entrado en Ceuta y cumplimiento de la legislación vigente constituye un discurso de odio”.

La iniciativa, recogida por Servimedia, llega después de que Saiz se desplazara a Ceuta el pasado 17 de agosto y rechazara allí los discursos de odio surgidos al calor de la crisis migratoria.

Durante aquellos días, la ministra defendió la capacidad de convivencia de la ciudad y posteriormente sostuvo que la sociedad ceutí es “madura” y “no necesita agitadores de fuera”. También cargó contra los “agitadores” e “incitadores del odio” y reprochó al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, asumir planteamientos de la ultraderecha.

Precisamente, los populares preguntan al Gobierno si considera compatible denunciar de forma genérica la existencia de “discursos de odio” y reconocer al mismo tiempo “el comportamiento ejemplar de convivencia y solidaridad de la sociedad ceutí”. Saiz volvió a reivindicar esta idea el 28 de agosto en el Congreso, cuando destacó la “madurez, la solidaridad y el comportamiento ejemplar” que, a su juicio, caracterizan a Ceuta.

Por último, el PP cuestiona que la ministra ponga el acento en este asunto y le preguntan si considera que, “casi tres semanas después de los acontecimientos”, la prioridad debía ser “censurar determinadas críticas” o, por el contrario, “explicar las deficiencias de previsión y respuesta de su propio departamento”.

La ofensiva parlamentaria se produce en plena pugna entre el Gobierno y el PP por el relato de la crisis de Ceuta. Mientras Saiz ha defendido que la respuesta del Ejecutivo se ha guiado por la legalidad y los derechos humanos y ha advertido contra la xenofobia, los populares vienen acusando al Gobierno de haber reaccionado tarde y reclaman la devolución de las 13.000 personas que, según el Ejecutivo de Ceuta, permanecen en la ciudad tras traspasar en julio.