Según informó este sábado el principal partido de la oposición, su portavoz parlamentaria de Movilidad, Carmen López Zapata, ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que, “en la comisión correspondiente del Senado”, rinda cuentas por su decisión de no autorizar los fondos correspondientes para la bonificación del transporte público en Andalucía que beneficiaba a los menores de 14 años.

El PP ha presentado también una batería de preguntas escritas al Gobierno sobre la proporcionalidad de la decisión del Ejecutivo de Sánchez y si este ha actuado conforme a la legalidad. Y se ha interesado por conocer si la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparte la decisión de su compañero en el Consejo de Ministros, dado que ella es también la secretaria general del PSOE andaluz.

El PP considera que esta decisión es “totalmente discrecional” porque el Gobierno seguirá abaratando el coste del transporte para los menores de 14 en otras comunidades autónomas, lo que supone “profundizar en la desigualdad y en la ruptura de la cohesión social y territorial que se ha visto gravemente dañada desde su llegada a la Moncloa”.

El Ministerio de Transportes justifica su decisión alegando que la Junta de Andalucía ha incumplido la obligación de informar “de manera expresa”, en todas sus acciones de comunicación, de que estas ayudas están financiadas por el Estado. Todo ello, después de que la consejera andaluza del ramo, Rocío Díaz, anunciase este pasado lunes que el transporte metropolitano será gratuito para los andaluces menores de 15 años a partir del 1 de julio, lo que, a juicio de la cartera dirigida por Puente, supone arrogarse la medida.

“Manipular unas declaraciones de la consejera de Fomento de la Junta para dejar a los jóvenes andaluces sin ayudas al transportes público es mezquino y demuestra que al Gobierno de Sánchez no le interesan los ciudadanos, sino que se mueve por sus intereses políticos”, respondió este sábado el PP, que se pregunta qué pasaría si las declaraciones las hubiera realizado el consejero de Transportes de la Generalitat de Cataluña.