La iniciativa recuerda que dicha reforma reconoce la accesibilidad cognitiva como un elemento esencial para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incorporándola de forma expresa al ordenamiento jurídico junto a otras dimensiones como la accesibilidad física o sensorial.

En este sentido, señala que la ley establecía un mandato al Ejecutivo para aprobar en un plazo máximo de tres años —hasta el 1 de abril de 2025— un reglamento que desarrollara los requisitos técnicos, criterios comunes y obligaciones necesarias para su aplicación en todo el territorio nacional. Sin embargo, denuncia que este desarrollo normativo no se ha producido, lo que supone un incumplimiento del mandato legal.

El PP advierte de que esta ausencia impide que la accesibilidad cognitiva se implemente de forma sistemática y obligatoria, lo que afecta especialmente a personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro del autismo, daño cerebral adquirido, problemas de salud mental o personas mayores con deterioro cognitivo, y limita el acceso en igualdad de condiciones a ámbitos como la información, la educación, la justicia o la sanidad.

Asimismo, subraya que las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva están orientadas a garantizar entornos, productos y servicios comprensibles y utilizables por todas las personas, mediante medidas como el uso de lenguaje claro, lectura fácil, señalización accesible o apoyos visuales.

Por todo ello, la proposición no de ley concluye instando al Gobierno a aprobar este reglamento con carácter urgente para dar cumplimiento a la legislación vigente y avanzar en la garantía efectiva de derechos y en la inclusión social.