Así se pronunció la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, durante la inauguración de la jornada ‘Por una política penitenciaria que respete la justicia y la dignidad de las víctimas’, en la que estuvieron presentes, entre otros, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce.

Un acto en el que la senadora popular recordó que el Pleno de mañana aprobará una moción del PP, gracias a su mayoría absoluta, en la que se exigirá la revisión de todos los beneficios penitenciarios obtenidos por los presos de ETA y se instará a promover las reformas normativas necesarias para evitar que los beneficios se apliquen a condenados por delitos de terrorismo “sin el cumplimiento material y efectivo de los requisitos de desvinculación, arrepentimiento, colaboración con la Justicia y satisfacción de la responsabilidad civil”.

El contexto que rodeaba esta jornada fue la reciente concesión del régimen de semilibertad a María Soledad Iparraguirre ('Anboto') y a Juan Ramón Carasatorre como consecuencia de una aplicación “extremadamente laxa” del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, la cual, denunció García, fue ejecutada por la consejera vasca de Justicia, la socialista María Jesús San José.

Sin embargo, esta decisión fue rápidamente revocada por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro, quien rechazó este beneficio, reclamó su reingreso en prisión y, tras cuestionar estas excarcelaciones sin que se hubiera pronunciado un órgano judicial, reclamó una revisión y una reforma del citado artículo. Y es lo que volvieron a solicitar hoy tanto el PP como las víctimas, una modificación normativa para evitar decisiones que permitan “excarcelaciones de terroristas con un historial criminal tan grave como el de ‘Anboto’”, criticó García.

En este sentido, recordó que esta reforma normativa que planteaba el juez Castro fue aprobada por el Senado a iniciativa del PP, con los votos en contra de PSOE y Bildu, y registrada en el Congreso de los Diputados en diciembre. Sin embargo, denunció que está bloqueada en el “congelador legislativo” de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por “orden del presidente del Gobierno”, Pedro Sánchez.

HOMENAJES A ETARRAS

Así, el PP denunció que “no existe voluntad política de aprobarla” y que “el sanchismo no quiere permitir que esta ley se debata”, porque “aprobarla supondría romper el pacto encapuchado con Bildu”. De ahí la iniciativa que mañana defenderá el PP en la Cámara Alta, como puso en valor la senadora popular, quien también recordó que a principios de mes aprobaron en el Senado una proposición de ley para modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo y acabar con los homenajes a etarras, los ‘ongi etorri'.

Eso sí, criticó también que dicha iniciativa también “será bloqueada” en el Congreso, pero avisó de que “estará preparada” y “lista para salir adelante” en cuanto los españoles “puedan hablar en las urnas y abrir una nueva etapa política en este país” y Alberto Núñez Feijóo "reciba la confianza mayoritaria de los españoles".

Por su parte, la senadora del PP Marimar Blanco, aplaudió el trabajo de su formación en defensa de la “memoria, la dignidad y la justicia” de las víctimas del terrorismo. Así, también criticó que la política penitenciaria que permite esos beneficios a condenados por terrorismo es “parte de un plan” que arrancó con un “acercamiento masivo” de presos al País Vasco y siguió con la cesión de competencias de prisiones.

De este modo, también denunció la utilización “fraudulenta” del artículo 100.2, que es “un mecanismo excepcional para casos muy concretos” pero que, criticó, se ha convertido en la “autopista utilizada por la consejera socialista del Gobierno Vasco para concederlas en libertad a terroristas que no han cumplido con la ley”. Asimismo, avisó de que excarcelaciones como la de 'Anboto' lanzan un mensaje ”devastador”: “Matar en España puede salir barato si tienes los apoyos adecuados”. Unas denuncias y unas reclamaciones a las que también se sumaron los representantes de las víctimas que participaron en este acto.

"DEGRADACIÓN DEL SANCHISMO"

También intervino en esta jornada la vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien, como todos los participantes, denunció el "fraude que tenemos en España". Y es que, según apuntó durante la clausura, situaciones como la de 'Anboto' y su régimen de semilibertad luego revocado, son "el mayor reflejo de la degradación del sanchismo y la corrupción institucional y moral que ha instaurado en España".

"¿Todo vale por el poder?", se preguntó la diputada del PP, quien no dudó en referirse al uso "fraudulento" de la política penitenciaria por parte del Ejecutivo, cuyo objetivo inicial, incidió, era que Sánchez "llegara a La Moncloa" y, ahora, que "permanezca en ella", para lo cual se han ido "haciendo pagos", en referencia a los acercamientos de presos o la transferencia de competencias. Porque, enfatizó, "ha unido su destino a Bildu desde el primer día". "No hubiese sido presidente sin Bildu", recalcó seria mientras insistía en que esto le convierte "en el peor presidente del Gobierno".

De ahí que avisase de que el PP "no se va a quedar parado ni callado" ante lo que definió como el "mayor ejemplo de corrupción política que se está ejerciendo y ejecutando en nuestro país durante toda la etapa del sanchismo". Asimismo, alertó de que se está "reescribiendo la memoria y la historia" y se está "impidiendo que actúe la Justicia".

Es por todo ello que reiteró esa necesidad de reformas legislativas para "establecer límites" y "frenar todo esto", además de mostrar su compromiso para que se siga investigando, porque una democracia como la española "no puede permitir" que siga habiendo 376 atentados terroristas sin resolver, zanjó.