Ribera pidió este viernes, en declaraciones a TVE, cautela ante las actuaciones del juez García-Castellón porque “nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección y suele salir a colación en momentos sensibles".

Acto seguido, desde Génova subrayaron que “es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones”. Una primera reacción a la que le siguió un goteo de recriminaciones por parte de todos los miembros de la dirección nacional del principal partido de la oposición, a excepción del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aún no ha emitido su opinión al respecto.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, afirmó ante los medios en Canarias que este “es un paso más” en el ataque del Poder Ejecutivo al Judicial tras conocer el informe de los letrados del Congreso adscritos a la Comisión de Justicia, en el que reflejan sus dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía.

PIDE UNA RECTIFICACIÓN INMEDIATA

Subrayó que Ribera, al acusar “de manera directa al Poder Judicial y a un juez como García-Castellón de prevaricar, es decir, de no ser imparcial”, hace suyo “el discurso de los independentistas que tienen causas pendientes con la Justicia”, y deploró que este sea “el precio” de “permanecer en el poder”.

Por ello, la ‘número dos’ de Feijóo exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que “desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay ‘lawfare’ y los jueces prevarican”.

“Ya no habla un partido, está hablando el Gobierno. Y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio Gobierno de España”, declaró Gamarra. “Pedimos de manera inmediata la rectificación de estas estas gravísimas acusaciones, que deben de ser de manera inmediata desautorizadas por quien es su superior y por quien tiene por otro lado las competencias en materia de Justicia”, apostilló.

Defendió así que España es “una democracia plena” en la que “el Poder Judicial es independiente y es imparcial”, y recordó que García-Castellón “ha juzgado distintos procedimientos” y “muchos de ellos han afectado a políticos del Partido Popular”. De hecho, a la vez que hablaba Gamarra trascendía la decisión del juez de imputar Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, en el marco del caso ‘Kitchen’.

GOTEO DE CRÍTICAS

A las declaraciones de Gamarra se sumaron también mensajes de los portavoces parlamentarios del PP. El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, tachó de “lamentable” que el Gobierno “asuma como propio el argumentario de Otegi y Puigdemont contra nuestro Estado de derecho”.

Por su parte, su portavoz en el Senado, Alicia García, deploró que “Sánchez esté plegado a los intereses de un prófugo de la Justicia”, mientras que su portavoz en la Eurocámara, Dolors Montserrat, acusó al Ejecutivo de actuar “como el independentismo” y avanzó que seguirá “denunciando en Bruselas esta deriva contra la separación de poderes”.

El portavoz del partido, Borja Sémper, fue el primero en Génova en denunciar esta mañana la similitud entre el discurso del PSOE y los de Junts y ERC, mientras que el encargado de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Gobierno, Esteban González Pons, fue el último en pedir “una rectificación inmediata” de un “desprecio inaceptable en un país de la UE” que “acabará provocando sanciones de Bruselas”.

También hubo mensajes en esta dirección por parte de los vicesecretarios de Organización, Carmen Fúnez; de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo; de Eduación y Sanidad, Ester Muñoz; de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós; de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín; y de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez; y de Economia, Juan Bravo.