En total, ha registro tres solicitudes de comparecencias, ha formulado 35 preguntas y ha presentado una proposición no de ley con las que "quiere aclarar aspectos que aún necesitan de explicación para depurar las posibles responsabilidades y proteger a las futuras víctimas".

En primer lugar, la oposición quiere exigir explicaciones al ministro, cuya comparecencia en la comisión de Interior se registró esta misma mañana después de que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, exigiera su dimisión durante la sesión de control.

También se registraron las peticiones de comparecencias del director general de la Policía Nacional y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, la encargada de tramitar la baja de la víctima el pasado mes de julio y a la que el PP quiere preguntar sobre las comunicaciones que llevó a cabo -o no- con sus superiores jerárquicos y si activó los mecanismos de protocolo internos para la protección de la mujer agredida.

En la proposición no de ley registrada, que se debatirá en el Pleno y también en la comisión de Interior, el PP insta al Gobierno a cesar Marlaska por "su actuación y falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos", así como a acordar la suspensión cautelar de todos los mandos afectados para que "no puedan influir en la investigación ni en la situación profesional de la víctima".

Y es que el PP apunta que, "dentro de la gravedad de los hechos, hay un aspecto especialmente sangrante como es el supuesto intento de diversos mandos policiales para presionar a la víctima y tratar de encubrir los delitos dentro de la estructura del ministerio del Interior".

Por todo ello, el PP ha registrado dos baterías de preguntas dirigidas al Gobierno para conocer, entre otras cosas, desde qué fecha concreta tuvo conocimiento el Ministerio del Interior de los hechos presuntamente delictivos o qué otros mandos policiales supieron lo ocurrido y no hicieron nada para proteger a la víctima.

Además, el PP se interesa por la revisión de medallas y condecoraciones al comisario Óscar San Juan, que presuntamente habría intentado coaccionar a la víctima, y al DAO, y cuestiona el uso de medios públicos con fines delictivos.

El PP también requiere explicaciones al Ministerio de Igualdad por sus competencias de “supervisión, evaluación o seguimiento de los protocolos de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.