Desde la dirección del PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha señalado que el Gobierno tiene ya “nuevos compromisos de inversión que cumplir” en seguridad y defensa en este año 2026 y, sin embargo, "continúa con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023, que fueron aprobados durante la pasada legislatura y sin informar al Parlamento".

Dijo que todo ello se une a los últimos acontecimientos derivados de la contienda en Irán, como la decisión del envío de la fragata de Cristóbal Colón “sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso”, subraya Gamarra, o la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último Consejo de Ministros sin información ni explicación por parte del Ejecutivo.

Así, el PP ha registrado las peticiones de comparecencias para la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para que den cuentas y expliquen la planificación estratégica y ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.

Desde el PP exigen que el Gobierno valore la capacidad industrial y tecnológica de quienes han sido adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que el Gobierno ya ha adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante el 2025, así como los criterios y requisitos de subcontratación exigidos, los mecanismos de financiación utilizados y las partidas presupuestarias de otras secciones afectadas para financiar dichos nuevos desembolsos. Y que dé cuentas detalladas de la planificación prevista para 2026.