Inmigración
El PP logra que una ponencia analice en el Congreso la vinculación entre la regularización de inmigrantes y la amenaza terrorista
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La Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional dio luz verde este martes a la creación por el Congreso de una ponencia, promovida por el Partido Popular, para analizar el impacto que puede tener la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo en ámbitos como la lucha contra el terrorismo.
La iniciativa del PP salió adelante en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional con los 20 votos a favor de populares y Vox, frente a 9 en contra de PSOE, ERC y EH Bildu, ninguna abstención, y con la ausencia de Sumar, PNV y Junts de la sesión.
En defensa de la propuesta, el diputado y portavoz adjunto del PP en la Cámara Baja, Rafael Hernando, argumentó que en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya se incluyeron los “flujos migratorios irregulares” entre los dieciséis riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional a tener en cuenta.
Una postura, agregó, que, de igual forma, se reflejó en el último Informe Anual de Seguridad Nacional, correspondiente a 2024, que en su encuesta de percepción de riesgos señaló los “flujos migratorios irregulares” entre los elementos de mayor preocupación tanto en el mapa de riesgos como en las tendencias a cinco años.
A estos elementos, Hernando añadió que en la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave de 2025 se considera como amenaza grave la actividad de las redes de migración irregular.
Entre los riesgos asociados a la regularización que apoya el Gobierno, aseguró, el primero sería que “terceros Estados o actores no estatales usen los flujos migratorios en un contexto de tensión geoestratégica”. En segundo lugar, asevero, existe un riesgo de que los inmigrantes regularizados “sean elementos de desestabilización de las instituciones y fuente de trata y explotación de personas”.
En la misma línea, afirmó que se puede propiciar que “la vulnerabilidad” de los inmigrantes sirva para que dichas personas “sean explotadas en procesos de radicalización”. Por último, advirtió del riesgo de que la inmigración irregular “sea utilizada para la penetración de elementos terroristas”, un postulado en el que los populares quieren poner el acento en el rechazo a la regularización.
ADVERTENCIA DE RADICALIZACIÓN
Hernando defendió la asociación de la inmigración irregular con la amenaza terrorista con supuestos “informes realizados por el Centro Nacional de Inteligencia, por las Fuerzas de Seguridad del Estado y por el propio Gobierno”. “No son producto de la mente de extraños fachas o racistas”, remarcó.
A este respectó, aseguró que la Estrategia Nacional ante el Terrorismo de 2023 “constata que el aumento de los flujos inmigratorios irregulares puede ser aprovechado por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos”.
Tras recordar que desde 2015 España se encuentra en el nivel cuatro reforzado de alerta antiterrorista, el diputado por Almería añadió a su argumentación que Europol “ha alertado de que los conflictos en el Oriente Medio implican un aumento de la amenaza terrorista y del extremismo en Europa”.
En la misma línea, dijo, se habrían manifestado “los servicios de inteligencia de distintos países europeos, la propia CIA americana y algunos miembros y presidentes de países de nuestro entorno”.
En resumen, para el PP el proceso de regularización de personas inmigrantes que viven en España es “contrario al pacto de inmigración europeo”, y “ha sido condenado por el Parlamento Europeo, por la propia Comisión”.
La idea que trasladó Hernando es que, con dicho proceso, “España puede convertirse en el país que acabe dando papeles para todos a los inmigrantes ilegales de toda la Unión Europea” y, en consecuencia, dijo, “cualquier delincuente o terrorista que pretende introducirse en España o en Europa lo va a poder hacer”.
APROBACIÓN POR DECRETO
Cabe recordar que el pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.
Según informó el Ejecutivo, los beneficiarios deberán acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.
Hernando señaló que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional “ha elaborado por su lado un análisis de riesgo que estima que 1,3 millones de personas podrían verse beneficiadas de este proceso”.
A modo de cierre, Hernando aseguró que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras “ha advertido de la posible infiltración de elementos terroristas, y a través de España y con papeles a cualquier país de Europa”.
(SERVIMEDIA)
31 Mar 2026
MGN/clc


