Así lo apuntó durante una entrevista en Servimedia después de que se conociese que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años por trabajos que no tenía capacidad de prestar.

Ante estas informaciones, Serrano denunció que “llevan atacando en lo personal y lo político” a la presidenta regional desde 2019 y comentó que ha perdido la cuenta de las denuncias contra la presidenta o su propio Gobierno que han sido archivadas, donde “no ha recibido ni una disculpa”.

El secretario general del PP de Madrid señaló que, “más allá de que si no fuera la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tendría los problemas judiciales que está teniendo ni nadie sabría de los problemas que tiene con Hacienda, lo que también digo es que lo que haya podido hacer no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”.

A este respecto, incidió en que “ninguna decisión” en cuanto a lo que tiene que ver con sus ingresos en el ámbito privado tiene que ver con la Comunidad de Madrid “ni con la gestión pública ni con decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Serrano constató que “la izquierda busca empatar”, pero “aquí no hay un hermano de la presidenta que ha conseguido una plaza pública por ser el hermano de la presidenta ni hay un marido o una pareja de la presidenta que ha conseguido un contrato por ser la pareja de la presidenta”.

El secretario general del PP de Madrid aseguró que aquí “se trata de vincular la relación personal de su pareja con la empresa sanitaria con el hecho de que es una empresa sanitaria que tiene contratos en vigor con el Gobierno de España y con la propia Comunidad de Madrid”. Unos contratos que, aseguró, estaban en vigor antes de que Ayuso fuese presidenta regional.

Por tanto, defendió que lo que hace la Comunidad de Madrid en este momento es “pagar facturas de contratos cerrados antes de que fuera presidenta” y recordó que también “hay ministerios que han firmado acuerdos" con estas empresas.

"NO TIENE COMPARACIÓN"

Sobre los informes de la UCO acerca de lo que habría cobrado González Amador entre 2021 y 2023, Serrano aseguró que “no sé lo que ingresaba la pareja Ayuso antes de ser pareja de Ayuso”, pero recordó que “se le piden los informes desde 2014, cuando Ayuso y yo llevábamos dos años de diputados”.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid recalcó que “no hay ninguna decisión política o nueva contratación por parte de la Comunidad de Madrid que haya supuesto un beneficio para la pareja de la presidenta de la Comunidad o las parejas de miembros del Consejo de Gobierno” e incidió en que “los contratos de gestión hospitalaria de la Comunidad de Madrid con el Grupo Quirón son previos a que Ayuso fuera presidenta, que lo que hace es pagar cada año lo que toca”.

Sobre la ausencia de medios para esa labor que apuntaba la UCO, Serrano insistió en que “estamos hablando de un ámbito privado, que no afecta para nada a la gestión pública más allá de que fuera pareja de la presidenta”. En este sentido, afeó que “se pretende comparar con que alguien utiliza una empresa pantalla para facturar una comisión después de haber logrado que un Gobierno apruebe en Consejo de Ministros un rescate fundamental para que esa empresa sea rescatada y, por tanto, pueda cobrar esa comisión".

A este respecto, sostuvo que, para que Zapatero, presuntamente a través de la empresa de sus hijas y de Análisis Relevante, haya cobrado una comisión, ha tenido que haber una decisión del Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, para darle esa ayuda o hacer ese rescate. Por ello, “hay una decisión política que genera un beneficio económico a un expresidente de Gobierno”, pero “no tiene nada que ver con que una persona en el ámbito privado haya hecho lo que haya hecho, que yo no tengo que defender ni justificar, si no ha habido intermediación o influencia por parte de la Administración pública”.

Serrano remarcó que no va a permitir "equiparar cosas que no tienen ningún tipo de similitud, más allá de que efectivamente dos personas que puedan tener relación con dos políticos tienen un problema con la Justicia o con Hacienda. Ahí se acaba la similitud”, pero matizó que “no podemos tratar de vincular o involucrar al Gobierno de la Comunidad o la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando de su gestión no hay nada que pueda haber beneficiado, sino más bien todo lo contrario, a su entorno más personal”.

“MACHAQUE Y ANÁLISIS BRUTAL”

“Yo desconozco la vida de esa persona, de Alberto, antes de que tuviera la relación con la presidenta”, señaló Serrano, quien apuntó que no recuerda que se haya hecho un “análisis tan brutal” del entorno personal de un político, porque “hoy es Alberto, pero fue su exmarido, antes su madre, su hermano o su padre fallecido”, pero “ninguno de ellos con vínculos con la Administración pública”.

En este sentido, dijo que no recordaba a ningún político al que se le haya “sometido a tal machaque”, porque “a Begoña no se la investiga porque le deba algo a Hacienda con sus empresas privadas”, sino que “se la investiga porque ha utilizado el Palacio de la Moncloa para fraguarse una carrera profesional” y añadió que “al hermano no se le investiga porque haya puesto como domicilio fiscal un sitio en el que no vive o que no conozca dónde está su oficina”, sino que “se le investiga porque ha conseguido presuntamente una plaza pública gracias a la influencia de ser el hermano de quien era”. Por lo tanto, “se trata de equiparar cosas que no lo son”, denunció.