Fuentes del partido en Madrid reaccionaron así a las informaciones publicadas sobre una denuncia contra el alcalde de Móstoles en febrero de 2024 que entró vía email por parte de una concejal que se quejaba estrictamente de “discriminaciones laborales”.

El partido de Isabel Díaz Ayuso sostiene que, en marzo de ese año, se produjo la reunión a la que hace referencia la noticia y en la misma “se nos traslada, de manera muy vaga, situaciones de disputas y agravios con otros concejales y ante la inconcreción se le pregunta abiertamente si se trata de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que la interesada responde que no”.

Más tarde, en octubre “se da de baja del partido, deja acta de concejal y, posteriormente, traslada escrito a la dirección nacional que asume el Comité de Derechos y Garantías Nacionales, ya que los alcaldes de ciudades de más de 100.000 habitantes son miembros natos de la Junta Directiva Nacional”.

Las mismas fuentes indicaron que, entre ese octubre de 2024 y abril de 2025 se instruyó expediente en el Comité Nacional de Derechos y Garantías, “requiriéndola información y documentación que sostenga ese escrito y practicándose las actuaciones que correspondiesen” y, “al no aportar prueba alguna que sostuviera la denuncia o las declaraciones imputadas a terceros, se archiva”.

Por todo ello, el PP de Madrid remarcó que es “falso” que presionara a nadie para tapar nada. “El Partido Popular ni tapa ni oculta denuncias”, sino que “las tramita, las instruye y, cuando corresponde actúa”.

En este caso, aseguró que se ha mantenido un “escrupuloso respeto y seguimiento” de una denuncia, así como de la presunción de inocencia de cualquier persona.

A este respecto, incidió en que “sorprende que esa información de la denuncia salga hoy, 15 meses después”, y coincidiendo con el primer pleno en la Asamblea de Madrid, la comparecencia del acosador Salazar en el Senado y el final de la campaña en Aragón, que “tan mal pronóstico le da al PSOE”.

Desde el PP de Madrid señalaron que “hablamos de una información periodística basada en un audio editado y en el que se omiten parte de las conversaciones incluyendo una ausencia total de los testimonios de la denunciante”.

Por último, comentaron que la denuncia objeto de la información “carecía de sustento alguno, no sabemos si obrando de mala fe, y quizá debería llevarlo a un juzgado, mejor que intentar dañar la imagen de un alcalde que sí es una persona conocida”.