Esta moción, que se debatirá mañana en la Comisión de Igualdad del Senado, citica que el ministerio dirigido por Ana Redondo condicione el acceso a ayudas para proyectos que promuevan la igualdad a que las entidades solicitantes asuman expresamente una “posición ideológica”, en concreto, considerar la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y contener un enfoque abolicionista de la misma en sus estatutos.

Precisamente, este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se modifican las bases reguladoras de estas subvenciones de Igualdad introduciendo así el cambio en los requisitos para las entidades solicitantes.

El PP rechazó esta iniciativa y, con su moción, pide garantizar la “neutralidad y objetividad” en la concesión de subvenciones públicas en materia de igualdad. Así, los populares exigirán al Gobierno “retirar inmediatamente” cualquier modificación normativa que promueva estos cambios.

También pedirá garantizar que la ordenación de subvenciones públicas destinadas a la lucha contra la violencia de género, la sensibilización social, la prevención y la investigación se rija por los “principios constitucionales de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación, tal y como exige la Ley General de Subvenciones y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

Además, la iniciativa popular sostiene que la prostitución es un debate abierto y no cerrado ni en el ámbito académico ni en el parlamentario, como “quedó reflejado” en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2025.

El texto de la moción alerta además de que este tipo de requisitos puede excluir a entidades del tercer sector que trabajan con otros enfoques -como la atención sociosanitaria, la reducción de daños, la defensa de derechos o la investigación- y generar “inseguridad jurídica y arbitrariedad administrativa”. Por ello, el PP defiende que las subvenciones deben evaluarse por resultados e impacto real, y no por declaraciones doctrinales previas.

En esta línea, el PP pedirá “proteger el pluralismo ideológico y científico en el ámbito de las políticas públicas, de modo que diferentes enfoques y análisis sobre fenómenos complejos puedan ser objeto de estudio, acompañamiento y apoyo sin exclusión por motivos ideológicos”.

Del mismo modo, otro fin de la incisiva que se debatirá será “establecer que los criterios para la concesión de subvenciones públicas no puedan incluir condiciones o requisitos que impliquen una adhesión de carácter doctrinal o ideológico sobre materias que no están definidas de forma unánime en el ordenamiento jurídico ni en el consenso parlamentario”.