Así lo avanzó la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en sede parlamentaria para subrayar que lo que era “inconstitucional hace dos años, evidentemente lo es” ahora “si no hay un cambio de la Constitución”.

Tras comenzar diciendo que esta legislatura “se desliza constantemente en la anomalía democrática”, Gamarra criticó que el Congreso “sigue cerrado en lo que tiene que ver con el control al Gobierno” y la capacidad legislativa. A su juicio, queda patente que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “le molesta el Parlamento”.

Así, recordó que la actividad de hoy ha estado marcada por la calificación de la ley de amnistía y también de “dos comisiones de investigación de ‘lawfare’ registradas por los socios de Sánchez”. Por tanto, criticó que la actividad “queda reducida a cumplir por parte del PSOE con las exigencias y el precio” que le ponen los independentistas al jefe del Ejecutivo.

Criticó así la calificación de una proposición de ley “inconstitucional” por parte de la Mesa del Congreso, lo cual denunció que se ha hecho “en sentido contrario” al proceder del año 2021, cuando no se calificó una iniciativa sobre la amnistía. Según Gamarra, lo que ocurre ahora es que “la impunidad está por encima de la constitucionalidad” para Sánchez y sus socios.

“Deberíamos tener un presidente del Gobierno al servicio del Estado, pero está poniendo el Estado al servicio al servicio del presidente del Gobierno”, deploró, y pasó a criticar que la recusación que el PP pidió para el secretario general del Congreso no haya sido admitida. “No debe haber ninguna tacha sobre aquellos que tienen que pronunciarse en relación a cualquier tramite que afecta a una ley de estas características”, abundó.

Ayer, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la recusación de Galindo para llevar a cabo la propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía suscrita por el PSOE. Según resaltó en su escrito, fue primero director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.

Por tanto, el Grupo Popular consideraba que Galindo “era miembro de un Ministerio del Gobierno que ha participado en la elaboración de la proposición que la Mesa debe calificar, ya que el propio ministro Félix Bolaños reconoció que se trataba de un proyecto de ley que se iba a vehiculizar a través de una proposición de ley”.

Para el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, esto “significa que el texto ha sido elaborado y redactado desde el Gobierno o, por lo menos, que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo”.

Tras decidir la Mesa no admitir esta recusación, algo que ocurrió a viva voz, según fuentes populares, Gamarra aseguró que su grupo seguirá “defendiendo que debía haberse producido”. Además, el PP se opuso a la calificación de la ley porque “está al margen de la Constitucional”, al “igual que lo era en 2021”.

El PP seguirá manteniendo su oposición a la calificación y por ello va a registrar inmediatamente la petición para “la reconsideración” de la misma. “Todos sabemos que esta tramitación está viciada y que única y exclusivamente se está llevando a cabo por un objetivo que no es la conveniencia, sino la conveniencia del presidente del Gobierno”, sentenció.

Como el PP ve que “evidentemente esta ley no está amparada en nuestro marco constitucional”, fuentes del partido ya dejaron claro que esperan agotar la vía parlamentaria con esta petición de reconsideración de la calificación de la Mesa para poder contemplar nuevos escenarios.