Así lo anunció en el Pleno de la Cámara Alta la portavoz de los populares, Alicia García, que dio a conocer la decisión mientras interpelaba al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La interpelación se refería, precisamente, al “valor” que Bolaños da al Senado como parte de las Cortes y en lo que se refiere a la tramitación de la amnistía para los independentistas catalanes.

A este respecto, García anunció que el PP va a proponer que la Cámara Alta, “en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución”.

“CORRUPCIÓN Y DESHONOR”

La iniciativa de los populares supondrá que, una vez que el conflicto de competencias sea aprobado por el Pleno del Senado, el Congreso tendrá un mes para decidir si retira la norma. En caso contrario, se solicitará que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

En este sentido, García señaló que en el Gobierno de Pedro Sánchez “están acostumbrados a recurrir a tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya”. Sostuvo que cualquier Ejecutivo “que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley, porque es la única salida decente”.

Añadió que esta ley de amnistía “no hay forma de defenderla” y que la mayoría de los informes que se emiten son contrarios a su puesta en marcha y plantean serios reproches a la norma. Además, se refirió a que Bolaños dejará un “legado” de “corrupción y deshonor” y pasará a la historia de España como “el arquitecto de una infamia”, en alusión a la medida de gracia para los independentistas catalanes.

“DILATORIA Y OBSTRUCCIONISTA”

Por su parte, Bolaños apuntó que el conflicto de competencias que el PP planteará desde el Senado contra la amnistía es una forma que tiene este partido de “contentar” a Vox, que pedía que los populares rechazaran tramitar la norma en esta sede parlamentaria.

El ministro también reprochó a los de Alberto Núñez Feijóo que estén convirtiendo la Cámara Alta en una institución “dilatoria y obstruccionista”, algo que dijo que prueba cómo han actuado los populares respecto a la amnistía o los Presupuestos del Estado de 2024.

Además, reclamó al PP que “se sume ya al acuerdo para aprobar la ley de amnistía”, ya que se mostró convencido de que este partido se sumará en el futuro a esta iniciativa, como dijo que hizo con el matrimonio homosexual.

INFORMES

El principal partido de la oposición dio este paso después de que los letrados de la Cámara Alta afirmasen en su informe sobre la proposición de ley de amnistía que se trata de una "reforma de la Constitución encubierta".

En este sentido, la Secretaría General del Senado considera que tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia "que no tienen expresamente reconocida" en la Carta Magna, lo cual supone un "vicio de procedimiento" y la vulneración del artículo 23 por "utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios".

Ahora, tras la entrada de la iniciativa en el Senado “y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta”, los letrados defienden que “se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales". El PP ha optado por esta opción y usará su mayoría absoluta para plantearlo en dos fases. En la primera, el Senado celebrará una Pleno para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica. La Cámara Baja tendrá 30 días para contestar y, en caso de negarse o no responder a la petición, se abrirá una segunda fase, en este caso ante el Tribunal Constitucional.

Según los letrados, cabe la posibilidad de pedir entonces al Alto Tribunal la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado “por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta". De no hacerlo, la ley seguirá los plazos previstos y se aprobará, como tarde, el próximo 16 de mayo.

La jurisprudencia constitucional refleja que solo se han planteado cinco conflictos entre órganos constitucionales en la historia democrática de España, y nunca entre Congreso y Senado.

“TRANQUILIDAD” EN EL CONGRESO

Desde el Congreso, fuentes de la Cámara aseguraron esta mañana que “no hay previsión de alteración” de los tiempos, “independientemente de estrategias que se puedan seguir” tras conocer el informe de los letrados del Senado. No obstante, tampoco contemplaban que se llegase a un conflicto institucional entre las dos Cámaras.

En los servicios jurídicos del Congreso hay “tranquilidad total” con cómo se ha tramitado la ley y subrayaron que, si no se devuelve en plazo la ley, entrará automáticamente en vigor.