Así lo avanzó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en su interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el Pleno del Senado, donde dijo que "cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley" porque "es la única salida decente".

El principal partido de la oposición dio este paso después de que los letrados de la Cámara Alta afirmasen en su informe sobre la proposición de ley de amnistía que se trata de una "reforma de la Constitución encubierta".

En este sentido, la Secretaría General del Senado considera que tiene el efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales una competencia "que no tienen expresamente reconocida" en la Carta Magna, lo cual supone un "vicio de procedimiento" y la vulneración del artículo 23 por "utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios".

Ahora, tras la entrada de la iniciativa en el Senado “y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta”, los letrados defienden que “se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales".

El PP ha optado por esta opción y usará su mayoría absoluta para plantearlo en dos fases. En la primera, el Senado celebrará una Pleno para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica. La Cámara Baja tendrá 30 días para contestar y, en caso de negarse o no responder a la petición, se abrirá una segunda fase, en este caso ante el Tribunal Constitucional.

Según los letrados, cabe la posibilidad de pedir entonces al Alto Tribunal la suspensión cautelar del procedimiento legislativo en el Senado “por el perjuicio irreversible que la espera de la resolución pudiera provocar en las atribuciones que la Constitución confiere a la Cámara Alta". De no hacerlo, la ley seguirá los plazos previstos y se aprobará, como tarde, el próximo 16 de mayo.

La jurisprudencia constitucional refleja que solo se han planteado cinco conflictos entre órganos constitucionales en la historia democrática de España, y nunca entre Congreso y Senado.

“TRANQUILIDAD” EN EL CONGRESO

Desde el Congreso, fuentes de la Cámara aseguraron esta mañana que “no hay previsión de alteración” de los tiempos, “independientemente de estrategias que se puedan seguir” tras conocer el informe de los letrados del Senado. No obstante, tampoco contemplaban que se llegase a un conflicto institucional entre las dos Cámaras.

En los servicios jurídicos del Congreso hay “tranquilidad total” con cómo se ha tramitado la ley y subrayaron que, si no se devuelve en plazo la ley, entrará automáticamente en vigor.